El Paquete Económico 2027, presentado el 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda, expone con crudeza la rigidez estructural que enfrentan las finanzas públicas mexicanas. El gobierno estima ingresos tributarios por 6.26 billones de pesos para el próximo año, pero solo el pago de pensiones contributivas y del Bienestar rondará 2.48 billones, equivalente a casi 40% de toda la recaudación fiscal proyectada. La cifra no es un dato aislado: forma parte de un patrón que compromete cada vez más el margen de maniobra del Estado mexicano, independientemente de qué administración lo herede.
El problema se agrava al observar el gasto neto total. Pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones a estados y municipios absorberán 4.96 billones de pesos, es decir, 47.2% de todo el gasto público previsto para 2027. Traducido en términos simples: por cada 100 pesos que el gobierno espera recaudar vía impuestos, cerca de 79 ya están comprometidos antes de financiar cualquier función sustantiva del Estado —salud, educación, seguridad o infraestructura—. Es un presupuesto que llega a la mesa de discusión legislativa con la mayor parte de sus decisiones ya tomadas de antemano.
Las pensiones contributivas por sí solas sumarán 1.8 billones de pesos, 25.2% del gasto programable, mientras que las tres pensiones no contributivas —encabezadas por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores— absorberán más de 640 mil millones adicionales, 8.8% del mismo rubro. En conjunto, las pensiones ya equivalen a 4.67% del producto interno bruto (PIB), una proporción que supera ampliamente el 2.6% del PIB que el gobierno destina a inversión física. La asimetría es reveladora: el Estado mexicano gasta casi el doble en sostener compromisos previsionales que en construir la infraestructura que sostendría el crecimiento futuro.
Este desequilibrio no es circunstancial ni atribuible a una sola administración. Responde a una transición demográfica que avanza más rápido que la capacidad recaudatoria del país, a un sistema de pensiones contributivas heredado de reformas insuficientes, y a la expansión de las pensiones no contributivas como derecho constitucional —la Pensión del Bienestar está inscrita en el artículo 4 de la Constitución, lo que la vuelve políticamente intocable—. A ello se suma el costo financiero de la deuda, calculado en 1.575 billones de pesos para 2027, y las participaciones federales a entidades federativas, por 1.548 billones, ambas categorías de gasto no programable que tampoco admiten recortes discrecionales sin fricción política o legal.
El resultado es un presupuesto cada vez más parecido a una obligación contable que a un instrumento de política pública. La Secretaría de Hacienda insiste en que el paquete prioriza la disciplina fiscal, con una meta de reducción del déficit hasta 3.9% del PIB, y descarta nuevos impuestos o gasolinazos. Pero la aritmética de fondo no desaparece: mientras la proporción de gasto comprometido crece año con año, el espacio fiscal disponible para inversión, infraestructura hídrica, energética o de transporte —precisamente el tipo de inversión preventiva que México necesitará ante fenómenos como El Niño— se estrecha en la misma medida.
La discusión que enfrentará el Congreso en las próximas semanas no es solo sobre montos, sino sobre qué tan sostenible resulta un modelo fiscal donde casi cuatro de cada diez pesos recaudados ya tienen dueño antes de que inicie el ejercicio presupuestal. Sin una reforma de fondo al sistema de pensiones o a la estructura de ingresos tributarios, cada Paquete Económico futuro heredará un margen de maniobra todavía más reducido que el actual.
