Otra vez el aguacate michoacano se quedó plantado en la frontera. Estados Unidos levantó la mano y dijo “hasta aquí” con las inspecciones, porque en Michoacán el crimen organizado sigue haciendo de las suyas como si nada. Extorsiones, cobro de piso, amenazas y operativos que terminan en bloqueos e incendios. El resultado: camiones detenidos, familias sin chamba y un golpe directo al bolsillo de miles que viven de ese “oro verde” que alimenta casi todo el mercado del otro lado.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum llegó con el típico ritmo de quien no quiere mojarse demasiado. Primero reuniones, luego el anuncio de mil quinientos y pico de elementos de la Defensa y la Guardia Nacional para cuidar empaques, carreteras y puntos de revisión. Un plan de trabajo, diálogo con productores y la promesa de que todo se arreglará pronto. Hasta se habló de que quizás inspectores mexicanos pudieran echar la mano. Todo muy correcto en el papel, pero con ese sabor a medida reactiva que llega cuando el problema ya está enfrente y no cuando se pudo haber prevenido.
Lo irónico es que este episodio no es nuevo. Ya había pasado en años anteriores. Y cada vez se repite el mismo guion: el crimen aprieta, las exportaciones se frenan, el gobierno mueve tropas y declara que va a reforzar la seguridad… y al poco rato los criminales siguen cobrando como si fueran dueños de la huerta. Lejos de demostrar control, lo que se ve es que actúan con una libertad que da coraje y una impunidad que ya es costumbre.
Mientras los productores pagan cuota para no terminar en el cementerio o con el negocio quemado, las autoridades se limitan a reaccionar cuando el vecino del norte cierra la llave. ¿Dónde quedó la estrategia de fondo? ¿Dónde la inteligencia que realmente desmantela las redes que viven del aguacate? En Michoacán el crimen no solo trafica droga: también se apropia de la producción legal y la convierte en otra fuente de ingresos. Y eso, por más desplegados que manden, sigue intacto.
El aguacate mexicano no debería estar a merced de quienes cobran piso y de gobiernos que solo se mueven cuando el daño ya está hecho. Mientras los criminales sigan operando con total soltura, cada alerta de seguridad será una nueva bofetada a la economía y a la dignidad de quienes trabajan la tierra. Y eso, aunque se disimule con operativos y declaraciones, no se arregla con buenos deseos.
