Dos exgobernadores mexicanos guardan prisión bajo la actual administración de Claudia Sheinbaum, y ambos comparten un dato que no es casualidad: ninguno pertenece a Morena. Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia del país y militante panista, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, tras una investigación que, según la fiscal Ernestina Godoy, documentó una red que introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el diez por ciento del volumen real transportado, con un daño fiscal superior a los cuatro mil millones de pesos. Un juez le dictó prisión preventiva junto con siete cómplices más por delincuencia organizada y contrabando, y hoy permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El segundo caso es más reciente y simbólicamente más pesado. Este jueves, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero por la alianza PRD-PAN, fue detenido por su probable participación en el ocultamiento de evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi doce años. Se trata del primer señalamiento penal directo contra quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Iguala, y la Fiscalía General de la República sostiene que testimonios recabados en enero y mayo de este año permitieron acreditar que grabaciones de videovigilancia, cuya existencia se había negado durante años, fueron sustraídas y entregadas directamente al entonces gobernador.
Ambas detenciones proyectan la imagen de un Estado que por fin ajusta cuentas con el pasado. Pero esa imagen convive con una pregunta incómoda que ronda la conversación pública: ¿por qué la mano dura recae sobre exfuncionarios de oposición mientras las acusaciones contra figuras activas de Morena permanecen, hasta ahora, sin consecuencia penal equivalente?
El contraste más citado es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sujeto de una ficha roja de Interpol emitida en mayo. A diferencia de Ruffo o Aguirre, Rocha Moya no ha sido detenido ni ha enfrentado una orden de aprehensión ejecutada en México. El otro expediente es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila: en julio se difundieron audios en los que reconoció haberse reunido con personas que se presentaron como intermediarias de una agencia estadounidense para negociar protección frente a posibles sanciones o cargos en su contra, episodio que ella misma calificó de real pero fuera de contexto, y que hasta la fecha tampoco ha derivado en una acción judicial mexicana en su contra.
Es precisamente en ese contraste donde algunos analistas leen una estrategia de contención narrativa. Una columna reciente sostiene que las filtraciones y detenciones funcionan como una arquitectura de distracción perceptual: mientras la atención pública se concentra en el fragmento espectacular —el audio, la captura, la declaración incómoda—, el hecho estructural que verdaderamente pesa sobre la administración ya se procesó en silencio semanas antes. Bajo esa lectura, encarcelar a un panista por huachicol o a un perredista por Ayotzinapa no anula las sospechas sobre funcionarios morenistas activos, pero sí desplaza el centro de gravedad del debate público hacia casos que refuerzan la narrativa de un gobierno que «sí» combate la impunidad.
Existe, sin embargo, una lectura alternativa igualmente defendible: que ambas detenciones respondan a procesos judiciales autónomos, con expedientes de años de integración, testigos protegidos y evidencia documental, y que atribuirles una intención política subestime tanto el trabajo de la Fiscalía como la gravedad real de los delitos imputados. El caso Ayotzinapa, en particular, ha sido exigido durante más de una década por las familias de los desaparecidos, y reducirlo a una maniobra de distracción corre el riesgo de minimizar una demanda de justicia legítima y largamente postergada.
Lo que resulta difícil de sostener es la simetría. Si el criterio de la Fiscalía General de la República para actuar contra la protección política del crimen organizado es homogéneo, debería aplicarse con la misma velocidad y el mismo peso probatorio a funcionarios en activo del partido gobernante que a exgobernadores de oposición ya fuera del poder. La ausencia de esa simetría no prueba, por sí sola, que existan pactos de impunidad, pero sí alimenta la sospecha, tanto dentro como fuera de México, de que la justicia selectiva puede convivir perfectamente con la justicia real. ¿Puede un sistema judicial reclamar imparcialidad cuando sus capturas más contundentes coinciden, una y otra vez, con los adversarios políticos del gobierno en turno?
