Las cifras preliminares divulgadas este 3 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman una tendencia que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha capitalizado políticamente: durante 2025 se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en el país, lo que representa una tasa nacional de 21.4 por cada 100 mil habitantes, con una marcada diferencia entre sexos —38.4 en hombres frente a 4.7 en mujeres—. El disparo con arma de fuego continúa siendo el instrumento predominante, con 70.8 por ciento de los casos, seguido a distancia por las armas u objetos punzocortantes, con 9.4 por ciento.
La lectura oficial es indiscutible en su magnitud: la disminución respecto a 2024, cuando la tasa definitiva se ubicó en 25.8 por cada 100 mil habitantes, equivale a una caída de casi cinco mil homicidios en términos absolutos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública salió de inmediato a subrayar que esta reducción del 16 por ciento coincide con la tendencia descendente que sus propios registros administrativos han documentado, atribuyendo el fenómeno a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada desde el inicio del sexenio. El gobierno federal ha llegado incluso a hablar de una baja del 48 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, cifra que utiliza como argumento central de legitimidad ante la opinión pública.
Sin embargo, la solidez estadística de esta narrativa enfrenta al menos tres fricciones que merecen escrutinio antes de aceptarla como prueba incontrovertible de éxito.
La primera es metodológica. El propio INEGI reconoce que su fuente —los registros de defunciones capturados por oficialías del Registro Civil y servicios médicos forenses— difiere sustancialmente de la que utiliza el Secretariado Ejecutivo, construida a partir de averiguaciones iniciadas por fiscalías estatales. Ambas dependencias han insistido en que sus cifras no deben compararse de forma directa, precisamente porque responden a universos y momentos de captura distintos. No obstante, el discurso gubernamental ha tendido a combinar ambas fuentes según la conveniencia narrativa del momento, una práctica que organizaciones especializadas en el análisis de la violencia han documentado como recurrente desde octubre de 2024, cuando se advirtió que ciertas comparaciones oficiales mezclaban indicadores de orígenes distintos para presentar el escenario más favorable.
La segunda fricción es geográfica y toca directamente los límites de la cifra agregada: el propio comunicado y la cobertura periodística coinciden en que la tendencia nacional a la baja no es uniforme, pues persisten entidades con niveles de violencia elevados que la fotografía agregada tiende a diluir.
La tercera, la más inquietante desde el punto de vista de los derechos humanos, es el contraste entre la curva descendente de homicidios y la curva ascendente de desapariciones. Mientras los asesinatos han disminuido de manera consistente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó que, en el primer año de gobierno de Sheinbaum, el promedio diario de personas desaparecidas y no localizadas subió a 40, frente a 26 durante el sexenio anterior, situando a 2025 como el año con más desapariciones desde que existen registros del fenómeno. Investigadores del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana han planteado, sin acusar directamente de manipulación, que resulta indispensable replantear las formas dominantes de medición de la violencia intencional en México, dado que una reducción de homicidios acompañada de un incremento simultáneo en desapariciones puede reflejar, entre otras hipótesis, un desplazamiento en la forma de ejercer la violencia y no necesariamente su disminución real.
Ninguna de estas objeciones invalida por sí sola el dato duro de INEGI, que como ejercicio estadístico independiente conserva credibilidad técnica. El problema no es la cifra, sino el uso político que se hace de ella cuando se presenta como validación integral de una estrategia de seguridad cuyo balance completo —homicidios, feminicidios, desapariciones y percepción ciudadana de inseguridad— exige mirar más allá del indicador que más conviene destacar en la mañanera.
¿Puede hablarse honestamente de una estrategia de pacificación exitosa mientras la cifra de personas desaparecidas alcanza sus niveles más altos en la historia reciente del país?
