Una infografía que circula en redes sociales propone un mapa de cinco pasos para explicar cómo funcionaría, según sus autores, el mecanismo de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum: pregunta conveniente, frase de transición, material listo, cambio de tema y amplificación oficial. El material no aporta pruebas documentales de que exista un guion escrito, pero sintetiza una sospecha que distintos sectores periodísticos y de oposición han planteado desde hace años sobre el formato heredado de Andrés Manuel López Obrador y continuado bajo el nombre de «Mañanera del Pueblo».
El esquema no es enteramente nuevo. Desde el sexenio anterior, secciones fijas como el desaparecido «Quién es Quién en las Mentiras», hoy transformado en el segmento «Detector de Mentiras», han sido señaladas por organizaciones de prensa como un espacio en el que el gobierno responde a la crítica mediática señalando directamente a comunicadores y medios por su nombre. Bajo la administración actual, el formato se mantiene con segmentos temáticos rotativos —»Humanismo Mexicano», «Mujeres en la Historia», entre otros— que ocupan buena parte del tiempo disponible antes de la ronda de preguntas.
La controversia más reciente no proviene de la infografía en sí, sino de episodios documentados en video. En junio de 2026, la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez sostuvo un intercambio tenso con la mandataria luego de cuestionarla sobre un presunto traslado de colectivos de madres buscadoras a la capital durante el Mundial de Futbol. La respuesta presidencial —»no te voy a contestar eso»— y un posterior desacuerdo sobre si en la práctica se respeta el límite de tres preguntas por reportero, reavivaron el debate sobre el margen real de repregunta que existe en el foro.
Quienes defienden el formato argumentan que la mañanera representa, pese a sus imperfecciones, un ejercicio de transparencia sin precedente en la historia reciente del país: ningún gobierno anterior sostuvo un contacto diario, en vivo y sin filtro editorial previo, con la prensa acreditada. Desde esta perspectiva, que un equipo de comunicación prepare materiales de apoyo —gráficas, videos, datos— no equivale a fabricar las preguntas, sino a anticipar los temas de la agenda pública, algo que hace cualquier vocería gubernamental en el mundo.
Del otro lado, organizaciones de libertad de prensa y columnistas críticos sostienen que el problema no es la preparación técnica, sino el uso del podio presidencial —con el escudo nacional de fondo, recursos públicos y alcance nacional garantizado— para señalar y desgastar a periodistas o voces críticas específicas, calificándolas de «conservadoras», «clasistas» o «enemigas del pueblo». Ese uso del Estado como juez y parte, argumentan, distorsiona el sentido original de una rueda de prensa, que es que el poder responda preguntas, no que las administre.
La propia infografía incluye una advertencia poco común en este tipo de materiales: aclara que no prueba que todas las preguntas estén pactadas, y que el problema de fondo no es que existan preguntas cómodas —algo inevitable en cualquier conferencia—, sino el riesgo de que el aparato del Estado se utilice para exhibir y estigmatizar a ciudadanos particulares. Esa distinción, sin embargo, suele perderse en la discusión pública, donde el debate rápidamente se polariza entre quienes ven la mañanera como un modelo democrático a nivel mundial y quienes la consideran un dispositivo propagandístico moderno con recursos digitales.
Lo cierto es que el formato ha probado ser funcional para fijar la conversación nacional: un señalamiento hecho desde el podio presidencial se replica horas después en cuentas oficiales, medios afines y redes de simpatizantes, generando lo que algunos analistas llaman «el tema del día». Esa capacidad de fijar agenda, más que la existencia o no de un guion, es quizá el elemento que debería concentrar el análisis: ¿qué tanto debe pesar la opinión de una sola persona, por investida que esté de autoridad, en la conversación pública de un país de 130 millones de habitantes? La pregunta no busca respuesta única, sino abrir el debate sobre los límites entre comunicación gubernamental legítima y uso político del Estado para el linchamiento mediático.
