La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de rescindir desde hoy la guía de asistencia lingüística que estuvo vigente durante casi quince años representa uno de los cambios más relevantes en materia de acceso a servicios públicos para personas con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP). Aunque la medida no elimina de manera automática la atención en español ni en otros idiomas, sí modifica el marco de orientación que utilizaban las entidades financiadas por el DHS para cumplir con las obligaciones establecidas en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El aviso, publicado por el DHS, deja sin efecto la guía emitida en 2011, que explicaba cómo identificar las necesidades lingüísticas de los usuarios y qué medidas podían adoptar las instituciones para garantizar un acceso significativo a programas y servicios financiados con recursos federales. La decisión responde a la implementación de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, mediante la cual el inglés fue declarado idioma oficial de Estados Unidos.
La eliminación de la guía no modifica las obligaciones legales existentes. El Título VI continúa prohibiendo la discriminación por origen nacional en programas que reciben fondos federales y, durante décadas, tanto los tribunales como el Departamento de Justicia han sostenido que, en determinadas circunstancias, negar asistencia lingüística puede constituir una forma de discriminación. Por esta razón, las agencias y organizaciones que reciben recursos del DHS siguen obligadas a cumplir con la legislación vigente, aun cuando desaparezca el documento que servía como referencia administrativa.
La principal diferencia radica en que ya no existe un marco uniforme sobre la forma de implementar esa obligación. La guía de 2011 establecía criterios para evaluar el número de personas con dominio limitado del inglés atendidas por cada institución, la frecuencia con la que solicitaban asistencia y los recursos razonables para responder a esas necesidades.
«Es importante diferenciar entre una guía administrativa y una obligación legal. La eliminación del documento no significa que los inmigrantes pierdan automáticamente el derecho a recibir asistencia cuando la ley lo exige, pero sí puede generar diferencias y diferentes interpretaciones en la manera como cada institución aplica esas obligaciones mientras el gobierno desarrolla nuevos lineamientos», explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.
En la práctica, la ausencia de una guía podría reflejarse en la forma en que algunas entidades gestionan servicios como la traducción de formularios e instrucciones, la disponibilidad de intérpretes durante entrevistas o reuniones, la atención telefónica y presencial en otros idiomas, la entrega de notificaciones y material informativo traducido, así como la orientación para acceder a programas administrados o financiados por el DHS.
Millones de inmigrantes, ante un nuevo escenario de incertidumbre
De acuerdo con estimaciones recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 68 millones de personas hablan un idioma distinto del inglés en sus hogares y alrededor de 25 millones tienen un dominio limitado. Entre ellos se encuentran millones de inmigrantes que dependen de servicios de traducción o interpretación para comprender formularios, responder solicitudes oficiales, asistir a entrevistas o acceder a programas administrados por entidades que reciben financiación federal.
La decisión también se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la actual administración para redefinir diversos aspectos de la política migratoria y del funcionamiento de las agencias federales. Si bien la Orden Ejecutiva firmada el año pasado establece al inglés como idioma oficial del país, el propio texto reconoce que las agencias conservan la facultad de ofrecer servicios en otras lenguas cuando otras disposiciones legales lo requieran.
«Este tipo de cambios suele generar un periodo de adaptación. Por eso es recomendable que las personas requieran formalmente asistencia en su idioma cuando la necesiten, conserven evidencia de esa solicitud y eviten firmar documentos cuyo contenido no comprendan plenamente. Una barrera de comunicación puede tener consecuencias importantes dentro de un procedimiento migratorio», añadió el abogado Quiroga.
El DHS informó que elaborará una nueva guía de asistencia lingüística, pero mientras ese documento es desarrollado, el acceso a servicios en español continuará dependiendo de las obligaciones legales vigentes y de la forma en que cada entidad las implemente.
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