En la política mexicana, la gula se presenta como un apetito insaciable por el poder que trasciende ideologías y se materializa en el acaparamiento sistemático de candidaturas y puestos públicos. Este pecado capital, lejos de ser una metáfora abstracta, opera como mecanismo operativo en las estrategias de los partidos, especialmente en la fase actual de campañas adelantadas rumbo a las elecciones de 2027, que incluyen gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías en múltiples entidades. Los dirigentes priorizan el control centralizado de las nominaciones, dejando en segundo plano la competencia abierta y la renovación interna.
Los partidos emplean tácticas diversas para concentrar posiciones. En Morena, la figura de coordinadores territoriales o de defensa de la Cuarta Transformación permite posicionar aspirantes de manera prematura, según observadores y la oposición, simulando actividades organizativas mientras se contornean las normas electorales sobre precampañas. El PRI ha recurrido a perfiles como “defensores de México” para recorrer distritos y perfilar candidaturas con antelación. El PAN, aunque critica estas prácticas y abre sus procesos a ciudadanos sin militancia mediante plataformas digitales y encuestas, enfrenta acusaciones internas de control por parte de sus dirigencias. Movimiento Ciudadano y otros actores recurren a mecanismos similares de designación discrecional. Estas estrategias responden a una lógica de retención de poder: encuestas controladas, lealtades personales y absorción de cuadros opositores garantizan que las élites partidistas dominen las listas.
Desde una postura, dirigentes y analistas defensores argumentan que este acaparamiento resulta pragmático. Fortalece la unidad interna, aprovecha la experiencia acumulada y maximiza chances de victoria en contiendas altamente competitivas. En un sistema donde la fragmentación debilita, sostienen, la concentración de candidaturas asegura estructuras eficaces y coherencia programática. La responsabilidad, según esta visión, radica en entregar resultados de gobierno más que en procesos internos puramente democráticos.
Críticos, en cambio, denuncian que la gula erosiona la democracia partidista. Limitar la competencia interna mediante designaciones o convenciones dominadas por cúpulas fomenta oligarquías, clientelismo y, en ocasiones, nepotismo. Militantes talentosos quedan excluidos si no alinean con las lealtades dominantes, lo que reduce la calidad de la representación y genera desilusión ciudadana. En el contexto de campañas adelantadas, estas prácticas generan ventajas indebidas, violan el espíritu de equidad electoral y sobrecargan el financiamiento público destinado a partidos. Analistas independientes señalan que la informalidad en los procesos, aunada a la debilidad regulatoria del Instituto Nacional Electoral, perpetúa este vicio y traslada el foco de la competencia programática al control de aparatos.
El fenómeno invita a la polémica sobre la responsabilidad colectiva. Mientras algunos ven en estas estrategias una adaptación necesaria a la realidad electoral mexicana, otros las consideran un riesgo estructural que concentra poder en pocas manos y debilita la confianza en las instituciones. La gula no solo devora oportunidades de participación, sino que transforma a los partidos en máquinas de preservación personal más que en instrumentos de servicio público.
En síntesis, el acaparamiento de candidaturas refleja tensiones profundas en el sistema de partidos. Fortalecer la democracia interna, aplicar sanciones efectivas a posicionamientos prematuros y promover mayor transparencia en la selección de candidatos podrían atenuar este apetito desmedido. De lo contrario, la gula seguirá devorando la credibilidad de la política mexicana, independientemente de quién ocupe el poder.
