En los últimos meses, el debate público ha girado en torno a una posible reforma electoral. La discusión es legítima: las reglas del juego democrático merecen revisarse y perfeccionarse. Sin embargo, la historia reciente del país sugiere que los desafíos más urgentes del Estado mexicano se encuentran en otros frentes que impactan de manera directa a la población.
Uno de ellos es el gasto público. Aun cuando los ingresos tributarios han mostrado un desempeño favorable, las presiones estructurales —como el crecimiento de la nómina pública y el pago de adeudos— han reducido el margen para invertir en infraestructura y capacidades institucionales.
Otro desafío es la seguridad. La captura o abatimiento de líderes criminales puede generar impactos inmediatos, pero la pacificación duradera depende de algo más profundo: la solidez institucional del Estado. Fortalecer policías, profesionalizar ministerios públicos y reducir tiempos judiciales requiere inversión sostenida. El hecho es que hoy México destina una fracción relativamente baja de su economía a la seguridad pública.
El tercer frente es el sistema de justicia. México Evalúa ha documentado que una proporción relevante de personas juzgadoras y personal judicial ha enfrentado amenazas o agresiones en los últimos años. Garantizar su integridad y su independencia es una obligación del Estado en términos de derechos humanos y un requisito básico para que la justicia funcione con credibilidad.
La discusión electoral es importante, pero el fortalecimiento del Estado de derecho, la pacificación del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas son tareas que demandan atención prioritaria.
