El proceso para designar a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034 representa uno de los momentos institucionales más relevantes del actual ciclo político. La votación que realizará la Cámara de Diputados programada para mañana, 11 de marzo, definirá quién estará al frente del principal órgano encargado de supervisar el uso de los recursos públicos federales durante los próximos ocho años.
La fiscalización superior es una pieza central de cualquier sistema democrático de rendición de cuentas. De acuerdo con estándares internacionales —como los establecidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)— estas instituciones no sólo verifican la legalidad del gasto público, sino que evalúan si los recursos se utilizan de manera eficiente y si las políticas públicas contribuyen a metas de equidad, inclusión y desarrollo.
En México, la ASF es un órgano técnico del Congreso con facultades para investigar irregularidades graves en el uso de recursos públicos. Este diseño institucional fue fortalecido con la reforma constitucional de 2015 en materia de combate a la corrupción, que introdujo herramientas como la fiscalización en tiempo real y amplió la capacidad de investigar redes de corrupción. Sin embargo, el contexto actual muestra diferencias importantes que hacen particularmente relevante la designación del próximo Auditor Superior.
Cambios recientes vulneran la rendición de cuentas
En los últimos años se han observado cambios internos que han reducido algunos mecanismos institucionales de rendición de cuentas dentro de la propia Auditoría. Entre ellos destaca la eliminación del Consejo de Dirección, un órgano colegiado encargado de la planeación estratégica, así como la desaparición de la unidad de Auditoría Interna, lo que concentró decisiones en menos instancias.
A ello se suman otros retos operativos. El Programa Anual de Auditorías ha registrado modificaciones frecuentes, y entre 2018 y 2024 cerca de 200 auditorías fueron eliminadas del programa, lo que redujo el alcance del control institucional en un periodo especialmente complejo para las finanzas públicas.
Otro contexto importante es el rezago en el seguimiento de observaciones. Diagnósticos legislativos han advertido la existencia de montos significativos de recursos públicos sujetos a revisión que permanecen “en seguimiento” durante largos periodos. Esto genera riesgos de prescripción, lo que limita la posibilidad de recuperar recursos para el erario, como ocurrió de 2021 a 2023, según muestra la siguiente gráfica:
Área de oportunidad en el combate a la corrupción
La elección del próximo Auditor Superior o la ratificación del actual para un nuevo periodo, no es únicamente un trámite institucional. Se trata de una decisión estratégica para consolidar una fiscalización moderna, técnica y confiable.
Un proceso de designación sólido puede contribuir a fortalecer la legitimidad de la institución, generar confianza pública y asegurar que la fiscalización continúe evolucionando para responder a los desafíos actuales. Por el contrario, una designación percibida como poco transparente o limitada en términos técnicos podría afectar la credibilidad de la institución y reducir el impacto de su trabajo en la mejora de las políticas públicas.
Por ello, la experiencia internacional sugiere adoptar buenas prácticas en los procesos de designación, como la transparencia en los criterios de selección, la participación plural de fuerzas políticas, la publicidad de las entrevistas y votaciones, la inclusión de evaluaciones técnicas por parte de instituciones académicas y la selección de perfiles con trayectoria comprobada.
La participación de universidades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil en estos procesos también puede enriquecer el debate público y fortalecer la legitimidad de la decisión final. De manera excepcional, en esta convocatoria se anunció la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES.
En suma, la votación que se realizará en la Cámara de Diputados abre una oportunidad relevante para consolidar una institución clave para el control del gasto público y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Recomendaciones de México Evalúa a propósito de esta elección clave:
- Fortalecer los mecanismos internos de rendición de cuentas en la ASF. Esto incluye la reinstalación de órganos colegiados de planeación estratégica y el fortalecimiento del servicio profesional de carrera.
- Garantizar procesos de designación transparentes. Adoptar las mejores prácticas internacionales como entrevistas públicas, criterios claros de evaluación y participación plural de fuerzas políticas.
- Fortalecer la participación ciudadana en el ciclo de fiscalización. Habilitar mecanismos efectivos para denuncias, seguimiento de observaciones y colaboración con universidades y organizaciones sociales.
- Cumplir plenamente con los mandatos legales en materia de fiscalización. Esto incluye el uso oportuno de las facultades de auditoría y la estabilidad del programa anual de auditorías.
- Impulsar el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. Promover mayor coordinación entre la federación y las entidades federativas mediante capacitación, intercambio de información y uso de herramientas tecnológicas.
Conclusiones
La designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, o la ratificación del auditor actual, representa una oportunidad para fortalecer uno de los pilares institucionales de la rendición de cuentas en México.
Una fiscalización sólida contribuye a mejorar la calidad del gasto público, fortalecer la confianza en las instituciones y generar información valiosa para perfeccionar las políticas públicas.
La participación ciudadana en el proceso de fiscalización también representa un área de oportunidad. Aunque la legislación contempla mecanismos para incorporar denuncias y aportaciones de la sociedad, estos instrumentos han tenido un uso limitado. Fortalecer estos espacios podría enriquecer la capacidad de la fiscalización para responder a preocupaciones públicas.
En este sentido, México Evalúa resalta la importancia de promover procesos transparentes, perfiles técnicos sólidos y espacios de diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil para consolidar una fiscalización más efectiva y útil para el país.
