El asesinato de Carol y Kimberly, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no representa un hecho aislado ni una anomalía estadística; es la manifestación más cruda de una crisis estructural que ha convertido el cuerpo de las mujeres en el territorio donde se despliega la incapacidad —o la falta de voluntad— de un Estado para garantizar la vida. Mientras los discursos oficiales se tiñen de luto y solidaridad en fechas conmemorativas, la realidad en las calles de México dicta una sentencia implacable: en este país, se mata a las mujeres porque es posible hacerlo sin enfrentar consecuencias. La impunidad no es un fallo técnico del sistema judicial; es el aceite que permite que los engranajes de la violencia sigan girando con una eficiencia aterradora.
Desde una perspectiva de sociología de los partidos y comunicación estratégica, el tratamiento del feminicidio en México ha pasado por un proceso de «normalización burocrática». Los gobiernos, independientemente de su color ideológico, han optado por una gestión de la percepción antes que por una gestión de la seguridad. Se presentan cifras que hablan de «reducciones porcentuales» o de «atención a las causas», pero la vivencia cotidiana de las ciudadanas des miente cualquier gráfico de Power Point presentado en una conferencia matutina. La brecha entre la estadística oficial y la percepción de inseguridad es un abismo que se llena con el miedo legítimo de quienes saben que la justicia es un bien escaso y mal distribuido.
La raíz del problema no se encuentra solamente en la patología del agresor, sino en el entorno de permisividad que el Estado genera. Cuando un feminicidio ocurre y la respuesta institucional es la dilación, la revictimización o la pérdida deliberada de expedientes, se está enviando un mensaje político clarísimo: la vida de la mujer es prescindible. Esta «desechabilidad» de lo femenino es el resultado de un sistema de justicia que tarda años en procesar casos que deberían ser prioritarios. En México, la justicia que llega tarde no es justicia; es una forma sofisticada de olvido institucional.
Analicemos la contradicción intrínseca en la narrativa del Estado. Por un lado, se presume una modernización de los aparatos de inteligencia y una presencia militarizada en gran parte del territorio nacional bajo el argumento de la seguridad pública. Sin embargo, esta fuerza no se traduce en protección para las mujeres. Carol y Kimberly eran estudiantes, jóvenes con un futuro por delante en una institución que representa la aspiración social y académica. Su asesinato en Morelos —un estado sumido en crisis de gobernabilidad y pugnas territoriales— subraya que los espacios que deberían ser seguros han sido capturados por la lógica de la violencia. La falta de seguridad no es solo la ausencia de policías; es la ausencia de un Estado de derecho que funcione para todos, no solo para las élites.
Además, existe un punto de fricción crítico en la comunicación estratégica gubernamental: el uso de la «perspectiva de género» como un accesorio retórico y no como un eje transversal de política criminal. Se crean fiscalías especializadas que nacen presupuestalmente muertas, sin capacidad operativa ni personal capacitado, funcionando más como una fachada para calmar la indignación social que como verdaderos órganos de procuración de justicia. El resultado es un simulacro de atención que agota a las familias de las víctimas y permite que los perpetradores sigan en libertad, integrados en la sociedad, listos para repetir el ciclo.
La violencia contra la mujer en México debe entenderse también como un fracaso del sistema de partidos para articular demandas ciudadanas reales. La clase política ha instrumentalizado el dolor de las víctimas, utilizándolo como arma arrojadiza contra el adversario de turno, pero sin ofrecer una ruta crítica de reforma profunda al sistema penal y preventivo. El debate se queda en la superficie, en la condena fácil en redes sociales, mientras en los juzgados locales y en las policías municipales impera la corrupción y la misoginia sistémica.
La indignación que despiertan casos como los de Carol y Kimberly no debe ser efímera. Debe servir para señalar que el contrato social en México está roto. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanas del asesinato violento ha perdido su razón de ser fundamental. La impunidad garantiza que el costo de matar sea cero. Mientras el sistema político no entienda que la seguridad de las mujeres es la prueba de fuego de su legitimidad, seguiremos contando historias de vidas truncadas. La pregunta no es qué falló en el caso de Carol y Kimberly; la pregunta es qué está funcionando tan bien en el sistema para que los asesinos sigan sintiéndose dueños de la vida ajena.
Para romper esta inercia, se requiere una reingeniería total de la seguridad y la justicia. No basta con aumentar las penas, pues el endurecimiento legal es irrelevante frente a un 95% de casos que nunca llegan a sentencia. Se necesita capacidad de investigación, eliminación de la corrupción en las fiscalías y, sobre todo, una voluntad política que deje de ver al feminismo como un movimiento opositor y empiece a verlo como una exigencia mínima de supervivencia. El silencio del Estado ante la muerte de las mujeres es, en última instancia, un grito de complicidad que resuena en cada rincón del país.
