La política contemporánea, en particular en el contexto mexicano bajo la hegemonía de Morena, exhibe una peligrosa tendencia: la subordinación de la gobernanza efectiva a la lógica electoral. Cuando cada decisión se filtra a través del tamiz de su impacto en las encuestas y la imagen partidista, las soluciones genuinas a los problemas nacionales se postergan indefinidamente, o peor aún, se abandonan. Este fenómeno no es exclusivo de un partido, pero la actual administración federal y sus ramificaciones locales lo ejemplifican con particular nitidez. La búsqueda incesante de la perpetuación en el poder se convierte en el fin último, desdibujando el propósito original del servicio público.
La reticencia de Morena a reconocer la corrupción en sus filas, los errores estratégicos o la manifiesta ineficacia de algunos de sus cuadros en cargos gubernamentales, no es un descuido, sino una estrategia calculada. Admitir fallos implica vulnerabilidad, y en el cálculo electoral, la vulnerabilidad se traduce en pérdida de votos. Se construye así una narrativa monolítica de éxito y rectitud, a pesar de las evidencias en contrario que emergen de la gestión pública diaria. Esta negación sistemática de la realidad impide la autocrítica necesaria para corregir el rumbo y, en última instancia, condena al país a la reiteración de los mismos problemas. La opacidad se convierte en un escudo protector contra el escrutinio público, mientras que la rendición de cuentas, un pilar fundamental de la democracia, es sacrificada en el altar de la imagen partidista.
Un ejemplo elocuente de esta priorización de la imagen sobre la sustancia se observa en las administraciones municipales. Es común que, al asumir el cargo, la primera acción de un nuevo ayuntamiento morenista sea cambiar el color de la fachada del palacio municipal, o de la infraestructura pública, para que coincida con los colores distintivos del partido. Este gasto, a menudo significativo y que se sufraga con recursos públicos, no genera ningún beneficio tangible para los ciudadanos. No mejora la seguridad, no dota de mejores servicios, no impulsa la economía local. Su único propósito es reforzar la identidad visual del partido en el poder, dejando una huella simbólica que resuene con el electorado. Es una declaración estética antes que una acción de gobierno, una manifestación de la ocupación del espacio público con fines proselitistas. Este tipo de acciones ilustra la desconexión entre la agenda electoral y las necesidades apremiantes de la población.
La paradoja es cruel: los partidos buscan el poder para, supuestamente, resolver los problemas del país, pero una vez en él, la obsesión por retenerlo les impide adoptar las medidas que realmente llevarían a esas soluciones. Algunas decisiones necesarias para el bienestar colectivo pueden ser impopulares en el corto plazo, generar fricciones con ciertos grupos de interés o exigir sacrificios. Un gobierno enfocado exclusivamente en la próxima elección evitará tales decisiones, optando por paliativos temporales o por la inacción. La infraestructura se deteriora, los servicios públicos languidecen, la economía no encuentra rumbo claro, todo porque abordar estos desafíos implicaría costos políticos que el partido gobernante no está dispuesto a asumir.
Esta dinámica crea un ciclo vicioso de ineficacia gubernamental y desafección ciudadana. La ciudadanía, al percibir que sus problemas no son atendidos y que las promesas de campaña se diluyen en acciones cosméticas, pierde la fe en las instituciones y en el proceso democrático. La comunicación estratégica se reduce a la propaganda, y el debate público se empobrece, centrándose en eslóganes y descalificaciones en lugar de en soluciones viables y políticas públicas de largo alcance. La gobernanza efectiva exige una visión de estado que trascienda los ciclos electorales, una disposición a tomar decisiones difíciles y una genuina voluntad de servicio. Sin ello, los gobiernos se convertirán en meros administradores de su propia imagen, dejando a los problemas del país sin resolución.
