La epidemia de sarampión en México ha escalado dramáticamente en 2026, con más de 10,085 casos confirmados y 31 defunciones reportadas hasta mediados de febrero, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. El brote, iniciado en 2025 con un caso importado, se ha extendido a los 32 estados federativos, afectando principalmente a Jalisco, Chihuahua y Chiapas, donde se concentran la mayoría de los contagios y muertes. Esta situación revela fallas estructurales en el sistema de salud pública, exacerbadas por brechas en la cobertura de vacunación que han dejado vulnerable a una porción significativa de la población, especialmente niños y adultos jóvenes sin esquemas completos de inmunización.
Desde una perspectiva analítica, el resurgimiento del sarampión no es un fenómeno aislado, sino el resultado de factores acumulados. Expertos en epidemiología señalan que la pandemia de covid-19 interrumpió campañas de vacunación rutinarias, reduciendo las coberturas nacionales de más del 90% a niveles inferiores al 80% en algunos estados. Sin embargo, críticos opositores argumentan que el gobierno federal, bajo la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador, contribuyó al problema mediante recortes presupuestales y fallas en la adquisición y distribución de vacunas. Se estima que entre 2022 y 2025 se dejaron de ejercer 44 mil millones de pesos destinados a programas de inmunización, lo que ha generado indignación por considerar que estas muertes eran prevenibles. En redes sociales y foros políticos, voces como las del Partido Acción Nacional (PAN) y analistas independientes acusan a Morena de negligencia, destacando que exfuncionarios como Hugo López-Gatell, ahora en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), minimizaron alertas tempranas.
Por otro lado, el gobierno actual de Claudia Sheinbaum defiende su gestión, enfatizando que el brote es parte de un contexto global influido por migración y factores externos, como importaciones desde Estados Unidos. La presidenta ha asegurado que el brote se controlará mediante una estrategia intensiva de vacunación, que incluye la aplicación de más de 1.3 millones de dosis en la Ciudad de México y campañas diferenciadas en estados afectados, como el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas del Estado de México. La OPS otorgó una prórroga para que México mantenga su estatus de país libre de transmisión endémica, pero el riesgo de perderlo persiste si no se corta la cadena de contagios antes de marzo.
Esta crisis genera polémica al exponer divisiones partidistas: mientras la oposición exige responsabilidad por las omisiones pasadas, el oficialismo atribuye el problema a herencias administrativas y prioriza acciones correctivas. Analistas independientes coinciden en que la falta de coordinación federal-estatal y el auge de movimientos antivacunas post-pandemia han agravado la situación, con un 66% de las defunciones en menores no vacunados. El impacto político es evidente: erosiona la confianza en el sistema de salud, ya debilitado por desabastos crónicos, y podría influir en evaluaciones electorales futuras.
En síntesis, el brote de sarampión subraya la necesidad de una política sanitaria integral, libre de culpas retroactivas, enfocada en prevención y equidad. Sin una respuesta unificada, México arriesga no solo su salud pública, sino su credibilidad internacional en materia de control epidemiológico.
