La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha generado controversia al intervenir en conferencias de prensa para orientar la cobertura mediática sobre temas sensibles como la inseguridad y el brote de sarampión. En un incidente reciente, interrumpió a la secretaria de Salud, Nadine Gasman, durante la presentación de datos sobre contagios, solicitando a los medios evitar titulares que destaquen alcaldías con mayor incidencia para no estigmatizar a sus habitantes.
Esta acción se suma a una propuesta anterior de «bajarle a la nota roja» en reportes de delincuencia, argumentando que la amplificación mediática eleva la percepción de inseguridad pese a una supuesta reducción de delitos.
Estas intervenciones plantean interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública. Críticos, incluyendo voces de oposición y analistas independientes, interpretan estas peticiones como intentos de control informativo que priorizan la imagen gubernamental sobre la rendición de cuentas. Argumentan que, en lugar de confrontar problemas estructurales como el aumento en la percepción de inseguridad —que pasó del 60% al 79% en encuestas recientes— o el manejo de una epidemia con casos concentrados en ciertas zonas, Brugada opta por minimizar la visibilidad de las fallas.
Esta aproximación, según detractors, refleja una debilidad en la capacidad de gobernar, donde el silencio sustituye a la corrección de errores y la información oportuna. En el contexto del sarampión, ocultar detalles geográficos podría retrasar respuestas comunitarias efectivas, exacerbando el riesgo sanitario en una capital con alta densidad poblacional.
Por otro lado, defensores de Brugada, principalmente desde su partido Morena, sostienen que sus llamados promueven una comunicación responsable. Enfatizan que evitar estigmatización protege a comunidades vulnerables, especialmente en alcaldías marginadas como Iztapalapa, de la que Brugada fue alcaldesa. Argumentan que la prensa sensacionalista distorsiona realidades, y que la jefa de Gobierno busca un equilibrio entre transparencia y sensibilidad social.
Subrayan que la información se proporciona en términos generales, sin ocultar datos agregados, y que la percepción negativa de su administración —con aprobación cayendo al 63%— se debe más a narrativas opositoras que a fallos reales. Esta postura defiende que, en un entorno mediático polarizado, moderar la cobertura contribuye a la cohesión social y a enfocarse en soluciones preventivas, como campañas de vacunación masiva.
El debate invita a la polémica al cuestionar los límites entre libertad de prensa y responsabilidad gubernamental. Mientras algunos ven en estas acciones un retroceso autoritario reminiscentes de prácticas pasadas, otros las perciben como innovaciones en comunicación pública. Estas intervenciones destacan tensiones inherentes en la gobernanza urbana: la necesidad de informar sin alarmar, versus el riesgo de opacidad que erosiona la confianza ciudadana. La efectividad de Brugada dependerá de si transforma estas controversias en reformas concretas, como mayor inversión en seguridad y salud, o si persisten como síntomas de una administración reactiva más que proactiva. En última instancia, el silencio selectivo podría agravar problemas latentes, urgiendo un diálogo abierto entre gobierno, medios y sociedad para una gestión más inclusiva.
