El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emergió en el panorama político mexicano como una fuerza renovadora, anclada en la promesa de una superioridad ética frente a la corrupción histórica de otras formaciones. Fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2014, el partido se posicionó como baluarte de la honestidad, la austeridad y la lucha contra el nepotismo, atrayendo a millones de votantes desencantados con el sistema. Esta narrativa de integridad moral fue clave en su ascenso al poder en 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia con un mandato abrumador, basado en la idea de una «cuarta transformación» que priorizaba la ética sobre el pragmatismo político.
Sin embargo, una percepción creciente entre analistas y observadores es que muchos militantes de Morena interpretan las reglas como flexibles cuando benefician al movimiento. Esta actitud, según críticos, está socavando la legitimidad que el partido construyó meticulosamente. Ejemplos incluyen casos de nepotismo en designaciones públicas, como la colocación de familiares en cargos clave, o escándalos de corrupción en gobiernos locales controlados por Morena, que contrastan con el discurso oficial de probidad. Defensores del partido argumentan que estos incidentes son aislados y magnificados por opositores para deslegitimar un proyecto transformador, enfatizando que Morena ha impulsado reformas como la creación de la Fiscalía Anticorrupción, aunque su efectividad sea debatida.
Esta flexibilidad ética genera un daño doble, como señalan expertos en gobernanza. Primero, erosiona la confianza interna: militantes que ven inconsistencias entre el discurso y la práctica pueden desilusionarse, fragmentando la base. Segundo, debilita la credibilidad externa: opositores como el PAN y el PRI aprovechan estos episodios para acusar a Morena de hipocresía, reforzando narrativas de que el partido replica los vicios que prometió erradicar. Un estudio del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) revela que, entre 2019 y 2024, las denuncias por irregularidades en administraciones morenistas aumentaron un 25%, alimentando debates sobre si la superioridad ética era genuina o estratégica.Otras posturas defienden que esta percepción es sesgada. Simpatizantes sostienen que Morena opera en un contexto hostil, donde reglas heredadas de regímenes anteriores favorecen a elites, justificando adaptaciones para avanzar en agendas sociales como la reducción de la pobreza. No obstante, analistas independientes como Denise Dresser advierten que ignorar la responsabilidad ética invita a la polémica, ya que fomenta un doble estándar que polariza el debate público. ¿Es Morena víctima de escrutinio desproporcionado o cómplice de su propia decadencia moral?
En última instancia, esta tensión pone en jaque la sostenibilidad del partido. Si persiste la idea de que las normas son opcionales para «el movimiento correcto», podría alienar a votantes independientes, cruciales en elecciones futuras. Para restaurar legitimidad, Morena requeriría mecanismos internos de responsabilidad más robustos, como auditorías independientes y sanciones ejemplares. Sin embargo, la resistencia a tales medidas genera controversia, cuestionando si el partido prioriza el poder sobre la ética que lo definió. Este dilema no solo afecta a Morena, sino al ecosistema democrático mexicano, donde la percepción de integridad es esencial para la estabilidad institucional.
