El sistema político mexicano enfrenta actualmente una de sus crisis de narrativa más profundas en la relación bilateral con Estados Unidos. Desde 2024, se ha consolidado un discurso que trasciende la simple preocupación por el tráfico de drogas para situar a México bajo la categoría de un «Estado capturado» por el crimen organizado. Esta construcción retórica no es menor: en el análisis político, la capacidad de definir un problema determina la legitimidad de las soluciones propuestas, y en este caso, el diagnóstico de «Estado capturado» abre la puerta a políticas de intervención y presión externa sin precedentes.
La construcción del relato del «Estado capturado»
La narrativa predominante en sectores del gobierno de Estados Unidos y en diversos laboratorios de ideas (think tanks) sugiere que la estrategia de «Abrazos, no balazos» del expresidente Andrés Manuel López Obrador no fue solo una política de pacificación fallida, sino una concesión tácita que permitió a los cárteles consolidar un control territorial y político. Bajo esta lógica, la figura de López Obrador es presentada como el facilitador de una «gobernanza criminal» donde las organizaciones delictivas no solo operan, sino que administran justicia, cobran impuestos y definen autoridades locales.
Este relato sostiene que Claudia Sheinbaum encabeza una administración de continuidad que hereda y mantiene estos compromisos. Para los promotores de esta visión, México ha dejado de ser un socio confiable para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, principalmente debido a la crisis del fentanilo, lo que justifica la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas y el uso potencial de capacidades militares transfronterizas.
La postura oficial: Soberanía y resultados operativos
En contraste, el gobierno mexicano defiende una narrativa basada en la soberanía y la eficacia operativa. La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido a las presiones intensificando las métricas de confrontación: en los primeros meses de su gestión, los decomisos de fentanilo y las detenciones de objetivos prioritarios han superado proporcionalmente los registros de periodos previos.
Desde esta perspectiva, el problema no es la «captura» del Estado, sino un fenómeno de violencia heredado de décadas de estrategias fallidas (como la «Guerra contra el Narco» de 2006). El gobierno actual sostiene que la solución radica en la inteligencia financiera y la atención a las causas sociales, rechazando cualquier diagnóstico que sugiera la pérdida de control institucional. Para el Ejecutivo, el relato del «Estado capturado» es una herramienta de presión geopolítica que busca vulnerar la autonomía nacional para imponer una agenda de seguridad dictada desde Washington.
El control del territorio vs. el control del relato
El riesgo estratégico para México es que la disputa no se libra únicamente en los municipios donde los cárteles ejercen presencia física, sino en la percepción internacional. La teoría política contemporánea subraya que el poder es, en gran medida, la capacidad de imponer un marco interpretativo. Si el relato de que México es una «amenaza intolerable» se vuelve el consenso en la política exterior de EE. UU., las soluciones de cooperación (como el Entendimiento Bicentenario) podrían ser desplazadas por medidas coercitivas como aranceles, sanciones o intervenciones directas.
Analistas independientes advierten que existe una «zona gris» o gobernanza híbrida en amplias regiones del país. En estos territorios, el Estado no ha desaparecido, pero coexiste y a veces colude con estructuras criminales para mantener una estabilidad precaria. Esta realidad matizada se pierde en la polarización de los relatos: mientras una postura ve una traición institucional, la otra ve una defensa heroica de la soberanía.
Conclusión: Hacia una redefinición de la relación bilateral
El desafío para la administración de Sheinbaum es recuperar el control del relato mediante una transparencia radical y resultados que sean legibles para su contraparte estadounidense sin sacrificar la soberanía. No basta con el control territorial; el Estado mexicano debe demostrar que tiene el control de la narrativa de orden público. La resolución de esta tensión definirá la estabilidad de la región en la próxima década, pues quien logre definir si México es un «socio en problemas» o un «adversario capturado» tendrá la llave para diseñar el futuro de la seguridad en Norteamérica.
