El delito de narcomenudeo en México cerró el año 2025 con una tendencia ascendente que enciende las alertas en la agenda de seguridad nacional. Durante el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han acumulado un total de 104,210 denuncias por este delito, lo que representa un incremento anual del 13% en comparación con las cifras registradas en 2024.
Esta cifra confirma que la comercialización de drogas a pequeña escala mantiene una alta incidencia en el país, consolidándose como uno de los retos principales para la actual administración. Aunque el mes de diciembre de 2025 mostró una ligera disminución del 3% respecto al mismo mes del año anterior, con 7,175 reportes, los analistas señalan que se trata de un ajuste mensual que no altera la estructura creciente del fenómeno a nivel nacional.
La problemática no se distribuye de manera uniforme en el territorio mexicano, sino que muestra una fuerte concentración geográfica. Tan solo tres estados —Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León— concentran el 40% de todos los casos de narcomenudeo denunciados en lo que va del sexenio. Esta saturación en puntos específicos evidencia la persistencia de focos locales de venta de estupefacientes que desafían las estrategias de seguridad regionales.
Al analizar el impacto del delito en proporción al tamaño de su población, el panorama cambia ligeramente. San Luis Potosí encabeza la lista nacional de denuncias por cada millón de habitantes, seguido muy de cerca por Guanajuato y Colima. Estos datos revelan que el narcomenudeo no solo es un problema de volumen absoluto en las grandes urbes, sino una crisis de densidad delictiva que afecta severamente a estados de menor tamaño poblacional.
Por otro lado, la Ciudad de México y entidades como Morelos y San Luis Potosí también figuran entre las zonas con mayor actividad registrada bajo esta modalidad delictiva. El reporte histórico de diciembre de 2025 destaca que, a pesar de los esfuerzos operativos, el mercado local de drogas sigue expandiéndose, impulsado por una demanda persistente y estructuras de distribución que logran adaptarse a los cambios de gobierno.
Para los observadores de la política mexicana, estas cifras son un indicador crítico del estado de la seguridad pública. El aumento del 13% anual sugiere que las redes de microtráfico continúan operando con dinamismo, lo que obliga a replantear si las políticas de prevención y persecución del delito están logrando desarticular los puntos de venta en las comunidades más afectadas o si simplemente se están desplazando.
Con el cierre de las cifras de 2025, el narcomenudeo se posiciona no solo como un tema de salud pública, sino como un eje central en el debate sobre la gobernabilidad y la eficacia de las nuevas estrategias de seguridad en los estados que lideran las estadísticas de criminalidad en el país.
