La Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrenta un momento decisivo. Su titular, David Colmenares Páramo, concluye su periodo de ocho años en marzo de 2026, y la Cámara de Diputados debe elegir a su sucesor mediante convocatoria prevista para febrero. Este proceso no solo define la continuidad de un órgano clave en la fiscalización del gasto público, sino que expone tensiones internas en el partido mayoritario y cuestionamientos sobre la independencia y eficacia de la institución.
La ASF, dependiente constitucionalmente de la Cámara de Diputados, tiene la responsabilidad de revisar la Cuenta Pública y detectar irregularidades en el uso de recursos federales. Durante la gestión de Colmenares, iniciada en 2018, se incrementó el número de auditorías realizadas, pero los resultados en recuperación de fondos han sido limitados. Reportes indican una cartera de observaciones pendientes superior a 50 mil millones de pesos, con una disminución notable en denuncias presentadas ante autoridades judiciales y cero sentencias derivadas de sus revisiones en periodos recientes. Estos datos alimentan críticas que señalan una menor agresividad en la persecución de responsabilidades administrativas y penales.
Diversas voces han cuestionado la actuación del auditor. La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción presentó una denuncia por presuntas omisiones en sus funciones desde 2019, argumentando que su ausencia en instancias coordinadas debilita el combate a la corrupción. Otros señalamientos apuntan a posibles conflictos de interés y un uso político de la institución, con acusaciones de que las auditorías se han orientado selectivamente o han evitado revisar con rigor programas prioritarios del gobierno federal.
Ante la posibilidad de que Colmenares busque la reelección, apoyado por sectores de Morena, se ha generado una división interna. Diputados del mismo partido han expresado preocupación por la continuidad, proponiendo una renovación que garantice mayor independencia, transparencia y eficacia. Algunos exigen una reestructuración legal que prohíba la reelección y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas interna. Por el contrario, quienes respaldan al actual titular argumentan que su experiencia y conocimiento institucional son necesarios para mantener la estabilidad en un órgano técnico, y que las críticas responden a agendas opositoras o intereses particulares.
La oposición, por su parte, ve en una posible reelección un riesgo de subordinación del órgano fiscalizador al poder ejecutivo, lo que debilitaría su rol como contrapeso. Organizaciones civiles y analistas independientes coinciden en que el relevo representa una oportunidad para recuperar credibilidad, pero advierten que una designación sin concurso abierto y con predominio partidista podría perpetuar debilidades estructurales.
El desenlace de este proceso no solo afectará la fiscalización del presupuesto 2026 y posteriores, sino que enviará una señal sobre el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema político mexicano. La decisión de la Cámara de Diputados será un indicador clave de la fortaleza institucional frente a dinámicas partidistas.
