La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia con su asignación presupuestal para 2026, que incluye 331 millones de pesos destinados a servicios de alimentos. Este monto, detallado en licitaciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ), cubre comedores institucionales en sedes centrales y regionales, con menús de cuatro tiempos que especifican carne de res magra, pollo sin piel y pescado sin espinas, priorizando calidad nutricional y opciones veganas. Aunque el presupuesto general del Poder Judicial se reduce en 16 mil millones de pesos respecto a años previos, este rubro particular ha reavivado discusiones sobre la congruencia con principios de austeridad, especialmente tras la reforma judicial de 2025 que prometió eliminar excesos.
En contexto, la reforma impulsada por el gobierno federal buscaba democratizar el Poder Judicial mediante elecciones populares de ministros, magistrados y jueces, con énfasis en la responsabilidad fiscal y la erradicación de privilegios. Sin embargo, críticos argumentan que gastos como estos perpetúan desigualdades. Medios y analistas destacan el contraste con la realidad de millones de mexicanos que enfrentan inseguridad alimentaria, donde el acceso a comidas balanceadas en el trabajo es un lujo inaccesible. Por ejemplo, mientras el OAJ despide a cientos de empleados administrativos para recortar costos, mantiene contratos millonarios con proveedores como Amazing Trade de México, lo que sugiere prioridades sesgadas hacia el confort de altos funcionarios. Opositores, incluyendo voces en redes sociales y partidos de oposición, ven en esto una traición al discurso de transformación, comparándolo con otros gastos recientes como 21 millones en camionetas blindadas o 1.5 millones en ceremonias protocolarias.
Por otro lado, defensores del Poder Judicial sostienen que estos recursos son esenciales para el funcionamiento operativo. Argumentan que jornadas extensas en tribunales requieren soporte nutricional para mantener la productividad y la salud de miles de empleados, no solo de ministros. La SCJN ha enfatizado ahorros en otros áreas, como la transición de arrendamientos vehiculares a adquisiciones propias, proyectando mil millones en economías a mediano plazo. Además, aclaran que el anteproyecto fue aprobado por la corte saliente en agosto de 2025, antes de la plena implementación de la reforma, y que los nuevos ministros revisan ajustes para alinear con criterios de austeridad. Esta postura resalta que el monto representa una fracción mínima del presupuesto total de 85 mil 960 millones de pesos, y que reducciones globales demuestran compromiso con la responsabilidad pública.
Analíticamente, este caso ilustra tensiones entre independencia judicial y control presupuestal. Invita a polémica al cuestionar si tales especificaciones alimentarias son necesidades legítimas o remanentes de elitismo institucional, en un país con desigualdades económicas marcadas. Mientras algunos ven hipocresía en un Poder Judicial renovado que mantiene prácticas antiguas, otros advierten que recortes drásticos podrían afectar la eficiencia judicial. El debate subraya la necesidad de mayor transparencia en asignaciones, posiblemente mediante auditorías independientes, para equilibrar operatividad y equidad social. En última instancia, este episodio podría influir en futuras discusiones legislativas sobre financiamiento público, presionando por reformas que prioricen el interés colectivo sobre beneficios particulares.
