El sistema penitenciario en México enfrenta un nuevo desafío tras confirmarse que el delito de evasión de presos registró un repunte significativo durante 2025. Tras dos años consecutivos de descensos, las denuncias por este ilícito alcanzaron los 106 casos anuales, lo que representa un incremento del 6% en comparación con el cierre de 2024. Este fenómeno pone bajo la lupa la efectividad de las estrategias de seguridad en los centros de reclusión del país.
La situación se tornó particularmente crítica al cierre del año pasado. Tan solo en diciembre de 2025 se contabilizaron 9 denuncias, una cifra que supera en un 50% lo registrado en el mismo mes de 2024. De acuerdo con los reportes históricos, este es el nivel más alto para un mes de diciembre desde 2019, lo que evidencia una aceleración del problema en el último tramo del año.
Focos rojos: la concentración territorial
El reporte de TResearch International destaca que las fugas no ocurren de manera uniforme en todo el territorio. Existe una marcada concentración geográfica: la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco agrupan, por sí solos, el 41% de todos los casos de evasión reportados durante el actual sexenio.
Sin embargo, al analizar la tasa de denuncias por cada millón de habitantes para obtener un panorama de riesgo proporcional, los estados que lideran la lista negra son Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México. Estas entidades mantienen niveles de incidencia que se sitúan muy por encima del promedio nacional, convirtiéndose en los puntos de mayor vulnerabilidad para el sistema judicial.
El marco legal: ¿quién comete el delito?
Es fundamental entender que, legalmente, el delito de «evasión de presos» no solo se refiere al recluso que escapa, sino principalmente a quien facilita la huida. El Código Penal Federal establece sanciones que van de los seis meses a los nueve años de prisión para quien favorezca la evasión de un detenido.
La ley es aún más severa si el fugado está vinculado a delitos contra la salud, en cuyo caso la pena para el facilitador puede alcanzar los 15 años. Además, si el cómplice es un servidor público, las penas se incrementan en una tercera parte, incluyendo la destitución inmediata e inhabilitación para cargos futuros.
Este repunte de 106 casos en 2025 rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde 2021. Aunque la cifra aún está lejos del pico histórico de 2016, cuando se registraron 153 casos, el cambio de tendencia genera una señal de alerta para las autoridades federales y estatales en su lucha por mantener el control de las prisiones mexicanas.
