El delito de allanamiento de morada en México ha mostrado una preocupante estabilidad durante el último año, consolidándose como una amenaza persistente para la privacidad y seguridad de las familias mexicanas. Según las cifras oficiales más recientes, el año 2025 cerró con un total de 13,376 denuncias, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2024, lo que confirma un estancamiento en el combate a esta conducta ilícita.
A pesar de que el país alcanzó su pico máximo de este delito en 2023 con más de 14,700 casos, la ligera disminución posterior no ha logrado convertirse en una tendencia a la baja. Por el contrario, el cierre de 2025 encendió las alarmas de los analistas: solo en el mes de diciembre se reportaron 1,064 denuncias, lo que representa un incremento del 14% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La distribución de este delito en el territorio nacional revela una fuerte concentración geográfica. Durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, tres entidades federativas han acaparado el 39% de los casos totales: Baja California, el Estado de México y Coahuila. Estas regiones se mantienen como los puntos críticos donde la violación al domicilio privado ocurre con mayor frecuencia.
Sin embargo, al ajustar las cifras por la densidad poblacional, el ranking de vulnerabilidad cambia. Al cierre de 2025, los estados con mayor número de denuncias por cada millón de habitantes fueron Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur. Este indicador es crucial para entender que, aunque el Estado de México tenga un volumen alto de casos por su tamaño, la probabilidad de ser víctima es mayor en estados del norte y el bajío.
Desde una perspectiva histórica de diez años, el allanamiento de morada ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2015, cuando apenas se registraban cerca de 8,000 casos anuales. El salto a las cifras actuales refleja no solo un posible aumento en la incidencia, sino también una mayor cultura de la denuncia frente a la vulneración del hogar.
Expertos en seguridad pública señalan que la falta de una reducción estructural en estos números sugiere que las estrategias locales de vigilancia preventiva no están siendo suficientes. Mientras el delito se mantenga en niveles de estancamiento, el reto para las autoridades será revertir un fenómeno que, lejos de desaparecer, parece haberse estabilizado en la cotidianidad delictiva del país.
