La economía de México tuvo un crecimiento promedio inferior a 1% en el último sexenio. Este estancamiento no es coyuntural: responde a una productividad baja, una informalidad que abarca a más de la mitad de la fuerza laboral y una carga burocrática que desincentiva la inversión y la formalidad —simplemente abrir y operar un negocio en México sigue siendo excesivamente costoso en tiempo y recursos.
En paralelo, aunque se registran reducciones marginales en homicidios, el país sigue inmerso en la etapa más violenta de su historia reciente. A la crisis de personas desaparecidas se suma la falta de policías locales fortalecidas y de una estrategia regional contra el crimen, además de señales preocupantes en materia de derechos que debilitan la confianza ciudadana y la calidad democrática.
En este contexto interno complejo, la presión externa del gobierno de Trump representa un desafío evidente, pero también una oportunidad. El cambio de visión en Washington, que hoy percibe a México más como riesgo que como aliado, obliga a replantear prioridades.
La amenaza externa, bien leída, puede convertirse en un incentivo para romper el status quo y avanzar hacia un Estado que funcione mejor para la gente.
