El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, ha desatado un debate sobre la gestión de crisis en el ámbito gubernamental mexicano. Este incidente, que dejó un saldo de 13 fallecidos y 98 heridos, se produjo en la Línea Z, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, específicamente cerca de Nizanda. Según reportes iniciales, involucró dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, con 241 personas a bordo. La Fiscalía General de la República inició una investigación para determinar si se trató de un accidente o un acto intencional, sin descartar la posibilidad de sabotaje, aunque hasta el momento no se han presentado evidencias concretas que sustenten esta hipótesis. La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de redes sociales sobre la atención a las víctimas en hospitales del IMSS y del IMSS-Bienestar, y ordenó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Derechos Humanos para apoyar a las familias afectadas.
En el contexto político, representantes del partido en el poder, Morena, han enfatizado la necesidad de una indagatoria exhaustiva, al tiempo que se han quejado de las críticas opositoras, calificándolas de oportunistas y despectivas hacia las víctimas. Esta postura contrasta con el enfoque en administraciones previas, donde los entonces opositores morenistas demandaban transparencia inmediata, reconocimiento de errores y renuncias de funcionarios ante fallas similares, como en incidentes ferroviarios o de infraestructura. Por ejemplo, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, figuras ahora en Morena criticaban duramente los errores gubernamentales, exigiendo rendición de cuentas y reformas estructurales. Hoy, ante este evento, el discurso oficial tiende a victimizarse, atribuyendo las acusaciones a motivaciones políticas sin abordar directamente posibles deficiencias en mantenimiento o operación.
La oposición, integrada por partidos como el PRI, PAN y MC, ha respondido con señalamientos de negligencia, corrupción e improvisación en las megaobras del actual gobierno. Líderes como Alejandro Moreno del PRI han exigido castigo a los responsables y suspensiones operativas, atribuyendo el siniestro a una gestión «inepta y criminalmente irresponsable». Rubén Moreira del PRI lo ha calificado como un «fracaso de las políticas ferroviarias», mientras que el PAN en Michoacán ha vinculado el incidente a supuestas irregularidades involucrando a familiares de exfuncionarios. Estas críticas resaltan auditorías previas que detectaron irregularidades por 33.5 millones de pesos en la Línea Z, sugiriendo que el costo humano podría derivar de omisiones financieras y técnicas.
Este patrón invita a reflexionar sobre un posible doble estándar en la arena política mexicana. Mientras que en el pasado Morena impulsaba demandas de rendición de cuentas, ahora rechaza similares peticiones, optando por hipótesis de sabotaje sin pruebas fehacientes. Esta dinámica genera polémica al cuestionar la consistencia ética de los actores involucrados: ¿se prioriza la transparencia o la defensa partidista? El impacto en la confianza pública es notable, ya que incidentes como este erosionan la percepción de seguridad en proyectos emblemáticos, financiados con recursos públicos. Además, la polarización resultante distrae de soluciones prácticas, como mejoras en protocolos de seguridad y auditorías independientes.
En términos analíticos, este caso ejemplifica cómo las tragedias se convierten en herramientas de confrontación, en lugar de oportunidades para correcciones sistémicas. La ausencia de evidencias sobre sabotaje alimenta especulaciones, mientras que las demandas opositoras de renuncias reviven debates sobre responsabilidad ejecutiva. Para avanzar, sería pertinente una investigación imparcial que priorice hechos sobre narrativas políticas, evitando que el duelo de las familias se instrumentalice. Este episodio no solo afecta la imagen del Tren Interoceánico, sino que pone en tela de juicio la madurez del sistema político ante crisis.
