En los primeros 452 días de la actual administración federal, México ha registrado un total de 31,683 homicidios dolosos, lo que arroja un promedio de 70 personas asesinadas cada 24 horas. Esta cifra, aunque representa una disminución frente al promedio diario de 95 víctimas reportado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mantiene al país en una situación de alerta constante en materia de seguridad pública.
El balance más reciente de la «Guerra en Números», con corte al sábado 27 de diciembre de 2025, revela que la violencia no cede en diversas regiones del territorio nacional. Solo el día de ayer, viernes 26 de diciembre, se contabilizaron 45 homicidios, mientras que la jornada anterior cerró con 53 casos, evidenciando la volatilidad diaria de este delito que impacta directamente en la estabilidad política y social de la nación.
Al contrastar la trayectoria histórica de la violencia, los datos reflejan cambios significativos entre los últimos periodos de gobierno. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto el promedio diario fue de 71 homicidios y con Felipe Calderón se situó en 55, la administración actual busca consolidar una tendencia a la baja partiendo de los niveles históricos alcanzados en el periodo 2018-2024, que cerró con un acumulado de 202,336 asesinatos.
La distribución geográfica de la violencia muestra que la crisis se concentra en puntos específicos del mapa. Guanajuato encabeza la lista como la entidad más violenta del presente sexenio con 3,593 homicidios acumulados, seguida por el Estado de México con 2,450 y Chihuahua con 2,320 casos. En contraste, estados como Yucatán, con apenas 33 homicidios reportados en lo que va de 2025, y Durango, con 57, se mantienen como los puntos con menores índices de criminalidad extrema en el país.
Para los analistas y el público interesado en la política mexicana, estas cifras son el termómetro principal para medir la eficacia de las estrategias de seguridad vigentes. Con 1,739 días aún por transcurrir en el actual sexenio, el reto de pacificar las regiones más conflictivas —como Baja California y Jalisco, que superan los 2,000 homicidios acumulados— sigue siendo la prioridad en la agenda nacional.
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