El endeudamiento del sector público en México ha experimentado un incremento notable durante el sexenio actual, consolidando una tendencia ascendente que culmina en niveles sin precedentes para el cierre de 2025. Según el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el indicador más integral para medir la deuda, se proyecta un cierre anual en 53.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superando los registros históricos y marcando un punto de inflexión en las finanzas nacionales. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al 52 por ciento observado al final de 2024, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La trayectoria del endeudamiento se ha acelerado desde el inicio del periodo presidencial en 2018. Datos del SHRFSP indican que la deuda bruta del sector público ascendió a 18 billones 827 mil millones de pesos a mediados de 2025, con un componente interno predominante que refleja emisiones en moneda nacional para financiar proyectos clave. Entre las causas principales se identifican el financiamiento de obras de infraestructura emblemáticas, como refinerías y trenes, así como el sostenimiento de programas sociales ampliados durante la pandemia de COVID-19. Analistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señalan que el déficit fiscal, estimado en 5.9 por ciento del PIB para 2024, ha impulsado este crecimiento, aunque se prevé una estabilización en torno al 50.2 por ciento del PIB a partir de 2025 bajo escenarios conservadores. Sin embargo, estimaciones independientes, como las de Banamex, ajustan la proyección a 53.1 por ciento para el cierre de año, destacando discrepancias que alimentan debates sobre la precisión de las cifras oficiales.
Este panorama genera controversias en el ámbito político y económico. Por un lado, defensores de la administración argumentan que el endeudamiento ha sido prudente y necesario para impulsar el crecimiento inclusivo, manteniendo niveles por debajo de umbrales críticos en comparación con economías emergentes similares. Reportes de la SHCP enfatizan una trayectoria sostenible, con un costo financiero controlado y un enfoque en la reducción de la dependencia externa. En contraste, críticos de la oposición, incluyendo voces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusan al gobierno de duplicar la deuda histórica en siete años, alcanzando incrementos absolutos de hasta 7.5 billones de pesos, lo que podría traducirse en mayores cargas impositivas para generaciones futuras. Publicaciones como las de México Evalúa y Latinus destacan un aumento del 14 por ciento en los primeros meses de 2025, atribuyéndolo a políticas continuistas que elevan el riesgo de degradación en las calificaciones crediticias por agencias internacionales.
Los impactos potenciales intensifican la polémica. Un endeudamiento superior al 50 por ciento del PIB podría limitar el margen fiscal, destinando más recursos al pago de intereses –que alcanzaron récords en el sexenio– en detrimento de inversiones en salud, educación y seguridad. Analistas advierten que, ante una desaceleración global, esta carga podría precipitar ajustes fiscales drásticos en 2026, con posibles efectos recesivos. Comparaciones con sexenios anteriores revelan que, aunque el incremento actual es el más pronunciado en términos absolutos, la proporción respecto al PIB se mantiene por debajo de picos históricos como el de la década de 1990. No obstante, el debate se centra en la sostenibilidad a largo plazo: ¿representa una inversión estratégica o un lastre estructural?
En síntesis, el cierre de 2025 con un SHRFSP en 53.6 por ciento del PIB consolida un patrón de endeudamiento creciente que, si bien responde a prioridades gubernamentales, plantea interrogantes sobre la resiliencia económica mexicana. Monitorear las reformas fiscales y el contexto internacional será clave para evaluar si esta trayectoria se revierte o se profundiza, afectando la estabilidad macroeconómica del país.
