La política pública del México actual puede leerse como una búsqueda legítima de orden, coordinación y capacidad de ejecución frente a problemas complejos y urgentes. El Gobierno ha optado por reforzar la centralización como vía para acelerar decisiones y alinear acciones; sin embargo, ello puede llevar a una visión incompleta o distorsionada. Ejemplo de ello es la nueva Ley General de Aguas. Su intención es correcta y ambiciosa, pero sin inversión suficiente y sin mejorar la gobernanza del gasto, su centralización normativa puede quedar desconectada de la realidad operativa.
La política de seguridad pública en 2025 es otro buen ejemplo. Se actuó con fuerza desde el centro, pero se han descuidado los cimientos locales que sostienen la seguridad cotidiana. Las estrategias federales de alto impacto dejan intacta la desarticulación entre policías, fiscalías y jueces locales y la fragilidad de las policías municipales. En específico, en el Plan Michoacán hay iniciativas de prevención a través de la expansión de becas y programas sociales. Sin embargo, al no resolver la calidad educativa, la deserción y la inseguridad territorial, el esfuerzo corre el riesgo de no dar resultados a largo plazo.
Abrir el diálogo no implica rechazar la centralización, sino afinarla. México necesita un equilibrio más cuidadoso: un Estado que coordine y priorice, pero que también confíe, descentralice capacidades y adapte sus políticas a las condiciones reales del territorio.
