La inclusión del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, en el portal narcopoliticos.com ha generado un nuevo foco de controversia en el panorama político mexicano. El sitio, lanzado en agosto de 2025 por periodistas y la organización Defensorxs, registra a funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado con base en investigaciones periodísticas, documentos públicos y denuncias. Su objetivo declarado es exponer complicidades para combatir la impunidad que permite la expansión del narco en el país.
Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, fue agregado recientemente al catálogo por supuestos nexos con el grupo de Los Cabrera Sarabia, aliados de la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa. Según el portal, desde 2013, cuando era alcalde de la capital duranguense, su administración habría facilitado operaciones de este grupo, proporcionando protección y permitiendo actividades como extorsión y distribución de drogas. Estas acusaciones se intensifican al señalarlo como «pieza clave» en la guerra interna desatada tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos.
El conflicto entre Los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— y La Mayiza ha convertido a Sinaloa en epicentro de violencia extrema. En el primer año, desde septiembre de 2024, se registraron al menos 1.828 homicidios dolosos —triple que el periodo anterior— y más de 2.390 desaparecidos, según reportes oficiales y periodísticos. La escalada incluye secuestros masivos, ejecuciones y desplazamientos forzados, afectando gravemente la entidad vecina a Durango.
Este señalamiento revive episodios previos que alimentan la polémica. En febrero de 2025, circuló un supuesto comunicado atribuido a Los Chapitos ofreciendo 10 millones de pesos por información leading a la captura o muerte de Villegas, acusándolo de colaborar con la facción rival. El gobierno estatal lo desmintió como falsedad propagada en contextos electorales, sin reportar amenazas directas. Recientemente, la detención de Édgar «El Limones», operador financiero de Los Cabrera y líder sindical, reforzó narrativas sobre presuntos «narcoestados» en la región.
Desde una perspectiva analítica, el caso ilustra la persistente tensión entre denuncias de infiltración criminal en la política y riesgos de estigmatización sin pruebas judiciales. El portal permite derecho de réplica, pero sus entradas se basan en indicios públicos, no sentencias. Críticos argumentan que tales plataformas promueven transparencia en un país donde el narco ha penetrado instituciones, mientras detractores las ven como herramientas de difamación que erosionan gobernabilidad sin debido proceso.
El debate invita a reflexionar sobre la efectividad de estrategias de seguridad nacional, que no han contenedor la fragmentación de cárteles ni sus supuestas alianzas locales. En Durango, con históricos corredores de tráfico hacia el norte, estas acusaciones cuestionan si la paz relativa oculta pactos implícitos o si son ataques factionales para desestabilizar autoridades. Sin investigaciones independientes concluyentes, persiste la duda: ¿denuncia legítima contra complicidad o guerra sucia en un contexto de violencia desbordada? El tema subraya la urgencia de reformas que fortalezcan instituciones contra la captura criminal, sin menoscabo de presunción de inocencia.
