Cuando la balanza se inclina más hacia las convicciones ideológicas que a los diagnósticos racionales, surge el riesgo de que, con el tiempo, la legitimidad del régimen se desgaste. No basta con destinar recursos al rescate de Pemex, al pago de la deuda o al sostenimiento de las pensiones: tan importante como ello es atender los pilares que permiten que una sociedad funcione con cohesión y esperanza: seguridad, justicia, salud y educación.
La seguridad en México se ha debilitado durante dos décadas por estrategias inerciales que priorizan intervenciones temporales sobre el fortalecimiento institucional local, como demuestra el caso de Michoacán. La justicia es la pieza más ausente; la falta de recursos satura las instituciones e impulsa la impunidad, lo que requiere un enfoque en mecanismos alternativos y reparación del daño para restaurar la confianza.
Salud y educación, a pesar de incrementos recientes, enfrentan presupuestos insuficientes debido al rápido crecimiento de otras prioridades. Sin una visión integral de calidad y recursos, no podrán cerrar las brechas que limitan el futuro.
El desafío gubernamental reside en entender que la estabilidad fiscal y el desarrollo social se nutren mutuamente y dependen de instituciones sólidas y una asignación equilibrada del gasto. Un gobierno que escucha, corrige y adapta sus prioridades puede fortalecer su legitimidad y abrir un camino más seguro hacia la paz y el bienestar.
