La administración de Claudia Sheinbaum ha enfrentado una serie de cuestionamientos en torno a su capacidad para gobernar de manera inclusiva y democrática, particularmente con iniciativas legislativas como la reciente Ley de Aguas. Esta medida, que busca regular el uso y gestión de los recursos hídricos en el país, ha desatado una ola de protestas entre agricultores y productores agropecuarios. Al igual que en su momento lo hicieron la reforma al Poder Judicial y las propuestas que están siendo debatidas en el ámbito electoral, la respuesta de Sheinbaum ha sido constante: desestimación de las críticas y acusaciones de que estas son intentos de desestabilizar su gobierno.
Esta actitud plantea un dilema importante: ¿está la presidenta defendiendo la política pública y el interés general, o está simplemente ignorando las voces disidentes para consolidar un estilo de mando autoritario? El desdén hacia las protestas de los agricultores resuena con un patrón de descalificación de cualquier oposición, lo que ha llevado a algunos analistas y críticos a preguntarse si se está creando un entorno donde solo se permite una narrativa oficial.
La Ley de Aguas busca, entre otras cosas, otorgar al Estado una mayor capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de recursos hídricos, un tema sensible en un país donde la escasez de agua es un problema cada vez más apremiante. Pero la manera en que se gestiona esta autoridad es crucial. Los opositores a la ley argumentan que se corre el riesgo de favorecer a intereses corporativos, lo que perjudicará a los agricultores tradicionales que ya luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo.
El argumento recurrente de Sheinbaum, que sugiere que las críticas buscan desestabilizar su gobierno, no solo minimiza las preocupaciones legítimas de un segmento significativo de la población, sino que también alimenta la polarización. Este enfoque puede cerrar la puerta a un diálogo necesario entre el gobierno y las comunidades afectadas, creando un ambiente donde los conflictos se exacerben en lugar de buscar soluciones colaborativas. En una verdadera democracia, el debate y la crítica son esenciales para el progreso; al ignorarlos, se envía un mensaje de que el gobierno no está interesado en escuchar a todos los sectores sociales.
El clima de tensión va más allá de la Ley de Aguas. La reforma al Poder Judicial también desató reacciones vehementes, y se está debatiendo una reforma en el ámbito electoral que ha despertado inquietudes por la posibilidad de manipulación y control del proceso electoral. La oposición a todo esto se siente no solo en los agricultores, sino también entre diversos grupos sociales que ven en estas reformas un riesgo para las libertades y derechos fundamentales.
La repetición de este patrón—desestimar las críticas y acusar de desestabilización—suscita preocupaciones sobre la voluntad de Sheinbaum de gobernar para todos los mexicanos. En lugar de escuchar y adaptar sus políticas, se podría argumentar que su administración opta por un enfoque más autoritario y excluyente.
La cuestión que queda en la mente de muchos es si esta dirección llevaría al país a una mayor polarización en un momento en que la cohesión y la unidad son más necesarias que nunca. La forma en que Sheinbaum y su gobierno respondan a estas protestas y críticas puede definir la calidad de la democracia en México en los próximos años.
