Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) experimentó una disminución del 0.6% tanto a tasa mensual como anual. Este resultado no solo nos coloca en una situación preocupante dentro del panorama económico actual, sino que también sirve como un llamado a la acción para el gobierno y el sector empresarial. La economía mexicana enfrenta serios desafíos, y el contexto agudiza la urgencia de asegurar que las exportaciones no se vean afectadas en el marco de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La caída del IGAE es una señal clara de que la actividad económica en México se encuentra debilitada. Esta tendencia podría incrementar debido a varios factores, tales como la incertidumbre política, las tensiones geopolíticas y, particularmente, la situación del mercado laboral caracterizada por una alta informalidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 57.6% de la población ocupada en el país está laborando en la informalidad, lo que limita sus derechos laborales y, por ende, su capacidad de consumo. Esta informalidad, junto con la disminución del IGAE, puede crear un ciclo adverso en el que una economía estancada lleva a una mayor informalidad y viceversa.
Si la situación actual no mejora, podemos anticipar que para 2026, México podría enfrentarse a un escenario más grave, donde un sistema económico débil afecte no solo a las exportaciones, sino también a la calidad de vida de millones de mexicanos. La economía de México ha dependido históricamente de sus exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, y un desvío en esta relación podría acentuar futuras crisis económicas.
La renegociación del T-MEC es un punto crítico en este proceso. La administración mexicana tiene la responsabilidad de abordar y manejar con cautela este tratado comercial para proteger las áreas vulnerables de la economía, que a menudo dependen de un entorno saludable de intercambio comercial. Sin embargo, hay advertencias sobre las políticas proteccionistas en Estados Unidos que pueden limitar las oportunidades de exportación para las empresas mexicanas. Las decisiones tomadas durante esta renegociación tendrán repercusiones a largo plazo y podrían determinar el rumbo económico de México en los próximos años.
Adicionalmente, el panorama mundial también se ha vuelto más complicado por factores como la inflación, las tensiones en el suministro de energía y las variaciones en los precios de las materias primas. Estas variables externas influyen directamente en la economía mexicana y fomentan un ambiente de desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales.
Es fundamental que el gobierno de México implemente políticas efectivas que fomenten la inversión, promuevan la formalización del empleo y aseguren la estabilidad en el mercado laboral. Esto no solo será esencial para mitigar el impacto negativo en el comercio exterior, sino también para revitalizar la economía interna a través del fortalecimiento del consumo y la generación de empleos formales.
La ciudadanía también tiene un papel importante en esta ecuación. La participación activa en procesos de profesionalización y capacitación puede ayudar a mejorar la calidad del empleo, creando una fuerza laboral más robusta que impulse la economía local y nacional.
En conclusión, la reciente caída del IGAE es un signo inquietante que resuena en el contexto económico actual de México. La capacidad del país para adaptarse y navegar situaciones adversas dependerá de la coordinación efectiva entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil para encontrar un camino hacia el crecimiento sostenible y la formalización del empleo. Sin duda, la próxima etapa en la renegociación del T-MEC será crucial en esta trayectoria.
