La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, un organismo cuya función es garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha sido objeto de un creciente descontento. Según numerosos analistas, la CNDH ha estado ausente en su papel de defensa activo de los derechos de los mexicanos, mientras que ha mostrado una alarmante cercanía al gobierno federal. La situación se ha agravado especialmente tras los incidentes ocurridos el pasado 15 de noviembre, donde se registraron actos de represión por parte de fuerzas policiacas contra manifestantes pacíficos. A pesar de la contundencia de las imágenes y videos que evidenciaron estos abusos, la CNDH no emitió recomendación alguna ni comunicado en respuesta, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su legitimidad y efectividad bajo la presidencia de Rosario Piedra.
Desde la llegada de Piedra a la presidencia de la CNDH en 2019, la percepción pública de la institución ha cambiado drásticamente. Inicialmente, muchos veían su nombramiento como una oportunidad para revitalizar el organismo y devolverle su autonomía. Sin embargo, a lo largo de su gestión, se ha evidenciado un alarmante silencio ante violaciones graves a los derechos humanos y un distanciamiento de su propio mandato: actuar como un contrapeso al poder ejecutivo. La falta de pronunciamientos ante violaciones evidentes ha llevado a que la CNDH sea vista más como un mero membrete que como un defensor efectivo de los derechos fundamentales.
El episodio del 15 de noviembre es solo un ejemplo en la larga lista de casos de represión hacia quienes protestan por diversas causas. Imágenes de policías utilizando la fuerza contra manifestantes han dado la vuelta al mundo y han resaltado la urgencia de un pronunciamiento claro de organismos encargados de la defensa de derechos humanos. Sin embargo, la inacción de la CNDH contrasta marcadamente con sus pronunciamientos pro-gobierno, lo que ha levantado suspicacias sobre su independencia.
Es importante comprender que la CNDH, al igual que otras instituciones, debería funcionar como un baluarte contra el abuso de poder. Cuando sus acciones se limitan a validar políticas o hechos del gobierno, se erosiona la confianza pública, que debe basarse en la creencia de que existirá una respuesta equitativa ante cualquier situación que implique la vulneración de derechos. Para los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, el actual operativo de la CNDH se percibe como una traición a su misión original.
Mientras la CNDH permanece callada, las redes sociales y las organizaciones civiles han tomado la delantera en la denuncia de violaciones a derechos humanos. La falta de apoyo institucional ha derivado en la creación de una respuesta social más activa, que ha logrado visibilizar abusos e irregularidades. Esto plantea la pregunta sobre la relevancia de la CNDH: ¿es un organismo que sigue siendo necesario o ha llegado el momento de replantear su estructura y funciones para garantizar que realmente sirva a los ciudadanos?
La postura de la CNDH frente a las injusticias y su aparente complicidad con el gobierno no solo afectan su credibilidad, sino que también socavan la lucha por un México justo y respetuoso de los derechos de todos. La organización debe preguntarse: ¿está dispuesta a actuar y liderar o simplemente se conforma con un lugar en la estructura del Estado que ha dejado de responder a sus ciudadanos?
En resumen, la CNDH atraviesa un momento crítico en su historia reciente. Para recuperar la confianza de la ciudadanía, es esencial que retome su papel fundamental de protector de derechos y se distancie de cualquier alineación política que desdibuje su función. Sin una defensa activa y comprometida de los derechos humanos, la CNDH corre el riesgo de convertirse en un apéndice de una administración que, en muchos casos, ha claudicado ante el respeto por las libertades ciudadanas.
