Ha pasado más de dos semanas y el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, es ya un punto de quiebre. Es simbólico porque señala cómo las estructuras criminales pueden capturar comunidades, cadenas productivas y espacios políticos. Además de que hizo más patente la principal demanda ciudadana: la seguridad. Revertir la expansión criminal —que no ocurre solamente en Michoacán— requiere tomar decisiones que van contra la inercia: fortalecer instituciones locales, mejorar la calidad de las investigaciones y reconstruir la confianza en la justicia.
A la par, las presiones de grupos con alto poder de negociación, como el magisterio, han derivado en otro tipo de captura. Las decisiones adoptadas bajo presión pueden desplazar prioridades colectivas y limitar la sostenibilidad del sistema público. El retiro anticipado de las y los maestros compromete recursos futuros que el país necesita para educación, infraestructura y servicios.
Lo anterior en un contexto en el que dinámicas internas en el partido gobernante generan incentivos que priorizan intereses particulares, de modo que se captura la agenda pública sobre el beneficio general.
Poner límites a los grupos de poder fáctico implica construir una estrategia que recupere el valor de la seguridad, la sostenibilidad y la cohesión institucional. México tiene la capacidad de corregir el rumbo si se apuesta por un Estado firme, transparente y aliado de la comunidad.
