Después de casi 19 años de estrategia definida como agresiva, de cuatro presidentes y un nuevo gobierno y de la movilización de recursos inimaginables para combatir la inseguridad en Michoacán y a partir de ahí en toda la República, Palacio Nacional tomó antier domingo la decisión en concreto de lanzar una tercera guerra contra el narcotráfico en esa plaza y de ahí en otras zonas controladas por el crimen organizado.
Las decisiones del Plan Michoacán 3.0 –antes fueron el 1.0 de Felipe Calderón Hinojosa y el 2.0 de Enrique Peña Nieto– parten de manera estricta del ejercicio constitucional del Ejecutivo federal para movilizar las estructuras de fuerza del Estado dentro de la doctrina de seguridad interior que era incumplida en Michoacán y lo es en prácticamente toda la República. La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Finalmente, el Estado mexicano decidió pasar de la seguridad pública que afecta la propiedad de los individuos a la seguridad interior que garantiza que los ciudadanos y sus sociedades vivan sin amenazas delictivas. De nueva cuenta, las autoridades federales se enfrentan a la necesidad de reglamentar la fracción VII del 89 constitucional que le otorga a la persona titular del Poder Ejecutivo federal la facultade de movilizar tropas sin pasar por el Congreso, basados en el criterio de que los delincuentes no son delincuencia común sino que representan grupos delictivos que se están convirtiendo en un Estado dentro del Estado nacional constitucional.
Las decisiones anunciadas el domingo por la tarde en Palacio Nacional son las mínimas que se deben de asumir para encarar la crisis interior de seguridad del Estado en Michoacán, pero teniendo la certeza de que Michoacán es un microcosmos que debe tener cuando menos 20 estados en situaciones similares que estarían requiriendo planes también similares.
Al Plan Michoacán le hacen falta dos diagnósticos: 1) uno que con seriedad y profesionalismo repase el fracaso de las estrategias de seguridad de Calderón Hinojosa, Peña Nieto, López Obrador y los primeros seis meses de Claudia Sheinbaum Pardo y 2) otro que también llegue a conclusiones de por qué falló la guerra contra el narcotráfico de diciembre de 2006 a febrero de 2025, con una evaluación de las razones de incumplimiento de metas contra el narco a pesar de la movilización de 270,000 militares, 33,000 marinos, en su momento de más de 100,000 policías federales, 107,000 guardias nacionales, 200,000 policías estatales, 125,000 policías municipales y alrededor de 25,000 grupos de autodefensa.
Diagnosticar por qué fallaron las estrategias y toda la movilización de seguridad no contuvo la expansión y fortalecimiento de los grupos delictivos será indispensable para saber si el Plan Michoacán 3.0 tendrá resultados concretos y en qué plazos. Todo lo que promete el Plan del domingo pasado ya había sido puesto en marcha en diferentes grados y circunstancias por los gobiernos federales de 2000 a 2025. Y es necesario saber qué falló para tener claro si lo comprometido tendrá éxito o solo se conformará con llenar las calles de fuerzas de seguridad en trincheras en modo disuasivo y no tomar la decisión de Estado de destruir las estructuras del crimen organizado para –usando la feliz referencia del presidente Trump—“borrar las organizaciones criminales mexicanas de la faz de la tierra”.
Las participaciones el domingo del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciaron en interpretación de doctrinas de seguridad interior el fin de la fase de “abrazos, no balazos” del Gobierno de López Obrador y retomaron el compromiso de decisiones operativas contra los grupos del crimen organizado.
Si al Plan Michoacán 3.0 se le debe dar alguna lectura estratégica, entonces se tienen los elementos para considerar desde ahora que en esa zona de la Tierra Caliente del Pacífico se estaría desarrollando un laboratorio de seguridad interior para pasar de la fase de disuasión territorial contra el crimen organizado a la de operación específica de combate a las estructuras delictivas que en muchas zonas tienen capacidad superior armada a las policías municipales y estatales.
Lo que le falta al Plan Michoacán 3.0 puede ser en algún momento la parte más importante: la construcción de un aparato judicial para juzgar y sentenciar a los delincuentes con criterios muy específicos, algo similar al Tribunal de la Acordada que funcionó en una época final de la colonia española y estructuras similares en la época de Juárez ante el agobio de los asaltantes de caminos como el problema de seguridad interior más importante.
La tarea no será fácil porque los gobiernos de diciembre de 2006 a enero de 2025 permitieron que se crearán en Michoacán alrededor de 20 grupos armados muy poderosos como crimen organizado, centenas de bandas que funcionan por la libre y grupos de autodefensa que en el corto plazo devienen también en delincuentes.
Michoacán tiene tres meses para ver resultados y a partir de ahí multiplicarse de inmediato en otras partes de la República.
LO QUE FALLÓ
El 19 de enero de 2019 –a 50 días de haber tomado el poder con una legitimación electoral que no se veía desde 1982–, el presidente López Obrador anunció formalmente el fin de la guerra contra el narcotráfico y explicó que en su gobierno no se arrestaría a grandes capos de la droga –como fue el objetivo de los planes de Calderón Hinojosa y Peña Nieto– “porque esa no es nuestra función principal«, sino que la tarea primordial del Gobierno es “garantizar la seguridad pública”.
Como objetivos de la política de seguridad de su gobierno, el presidente López Obrador –que en su campaña había prometido que al día siguiente de tomar posesión los narcos abandonarían la siembra de droga y se dedicarían a la agricultura y al comercio– estableció que “ya no es la política de los operativos para detener a los capos”, porque “lo que buscamos es que haya seguridad y que podamos disminuir el número de homicidios diarios
“Eso es lo que me importa: bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”.
Fue muy claro e insistente en decretar desde la mañanera que terminaba el período de la guerra contra el narcotráfico que había decretado formalmente el presidente Calderón y que había mantenido seis años más el presidente Peña. “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. Vamos a construir la paz”.
Sin embargo, las cifras consolidadas del sitio TResearch revelaron que los homicidios en el sexenio de Calderón fueron de 120,463 personas, de 156,066 en la administración de Peña y de 202,336 en el gobierno de López Obrador. A ello se agrega el registro anual de los últimos reportes de evaluación del narcotráfico que produce de manera oficial la DEA de que en México existen nueve carteles muy poderosos que no solo cometen delitos vinculados a la droga y a otras actividades delictivas, sino que tienen el control territorial, administrativo, político y de gobierno en prácticamente las 32 entidades de la República Mexicana.
Se puede interpretar de manera certera, que la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum Pardo regresó a la prioridad de combatir las estructuras y actividades delictivas del crimen organizado y que, de modo natural, abandonó el modelo de “abrazos, no balazos” y de manera también oficial los secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron antier domingo en Palacio Nacional que se estaría cancelando la estrategia lopezobradorista y se pasaba a la acción persecutoria y destructiva contra las estructuras de las bandas delictivas en Michoacán.
De ahí la interpretación de que el modelo persecutorio en Michoacán se replicará en toda la República en el corto plazo.
Política para dummies: la política es, desde Machiavelli, razón de Estado y razón del Estado.
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