La lucha contra el crimen organizado ha sido, tradicionalmente, un tema de debate constante en el ámbito político y social en muchos países. En particular, América Latina ha visto un aumento alarmante de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. A medida que los gobiernos intentan diversificar sus métodos para enfrentar este monstruo de múltiples cabezas, surge una opción que merecería un análisis más profundo: la creación de cuerpos de policía local, que operen de manera autónoma y colaborativa, con el objetivo de desarticular redes criminales en sus propios territorios. Sin embargo, la reciente situación en la que se vio involucrado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un municipio en cuyo territorio el crimen organizado ejercía un control casi absoluto, plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de este enfoque.
Carlos Manzo fue asesinado en circunstancias trágicas, un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar a los criminales. Su muerte ha resonado en todas las esferas de la opinión pública y política, despertando una creciente preocupación entre los alcaldes de municipios que, al igual que el de Manzo, se encuentran en regiones azotadas por el crimen organizado. Si la creación de policías locales tiene que ser la respuesta frente a esta problemática, ¿cuántos alcaldes estarán dispuestos a asumir este reto, habiendo visto lo que le sucedió a Manzo?
Los expertos en seguridad argumentan que una fuerza policial local, bien entrenada y comprometida con la comunidad, puede hacer una gran diferencia en la lucha contra el crimen. Estas policías tendrían la capacidad de generar confianza con los ciudadanos, quienes a menudo viven en un clima de miedo y desconfianza hacia las fuerzas del orden. Una policía arraigada en la comunidad puede facilitar la denuncia de situaciones de riesgo y contribuir a la reconstrucción del tejido social desgastado por la violencia.
No obstante, la creación de dichas fuerzas no es simple ni inocente. La omnipresencia del crimen organizado en muchas regiones hace que sea difícil prever cómo operarán estas policías sin riesgo de ser infiltradas o cooptadas por redes criminales. La historia reciente de algunos municipios, donde alcaldes y funcionarios han sido cooptados o amenazados, muestra que esta estrategia puede surgir como una iniciativa de doble filo. ¿Cuáles son los mecanismos de protección que se implementarán para los nuevos policías? ¿Qué medidas se están considerando para garantizar su independencia y evitar que se conviertan en blanco del crimen organizado?
Desde un enfoque más amplio, la coordinación entre policías locales y federales es fundamental. Las fuerzas estatales y nacionales deben tener un papel claro y efectivo en la desarticulación de las estructuras criminales mayores que operan en el país. Es esencial que los niveles de gobierno puedan trabajar en conjunto para garantizar tanto el éxito de estas policías locales como la estabilidad prolongada en aquellas áreas enfadadas por el crimen.
🔴Hace 2 meses, el alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola (@JulioArreolaMX), denunció amenazas en su contra; ante esto, solicitó más elementos de la Guardia Nacional para el municipio, pero tiempo después los trasladaron a otras zonas con conflictos.
➡️Ahora,… pic.twitter.com/f7L3L9sLtm
— Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2025
Adicionalmente, esta estrategia requiere fuerza política y un compromiso real, no solo por parte de los alcaldes, sino también de los gobernadores y del gobierno federal, quienes deben garantizar los recursos y la capacitación necesarios para que estas fuerzas locales actúen con eficacia. La inversión en inteligencia y tecnología es vital, y los gobiernos deben ser proactivos en proteger a aquellos que se encuentran en la primera línea de este conflicto.
El asesinato de Carlos Manzo plantea una pregunta angustiante: en el contexto actual de violencia y amenaza, ¿cuántos alcaldes se atreverán a ir más allá de las retóricas y asumir la creación de cuerpos de policía local? Sin duda, se enfrentan a un dilema —arriesgar su seguridad y la de sus comunidades o perpetuar el ciclo de miedo e inacción. La situación requiere de reflexión, coraje y, sobre todo, una visión de largo plazo para transformar una espiral de violencia en un futuro menos asediado por el crimen.
