El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el 1 de noviembre, ha expuesto una vez más las grietas en la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Manzo, un independiente crítico de la infiltración narco en la producción de aguacate, había solicitado públicamente apoyo federal contra la violencia que azota Michoacán. En respuesta, durante su conferencia mañanera del lunes, la presidenta condenó el crimen como un «cobarde homicidio» y prometió «no habrá impunidad», pero recurrió a un guion familiar heredado de Andrés Manuel López Obrador: culpar al pasado, descalificar a la oposición y desviar el foco de sus propias omisiones.
Sheinbaum inició su intervención recordando las raíces de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), al que atribuyó el origen de la actual inseguridad en Michoacán por su «guerra contra el narco». «La estrategia de Calderón dejó un legado de muerte y corrupción», afirmó, evocando el modelo que, según ella, multiplicó los cárteles y empoderó a figuras como Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado en EE.UU. por nexos con el narco. Esta narrativa, un clásico del lopezobradorismo, posiciona a Morena como el antídoto moral contra el «conservadurismo fallido», pero ignora el contexto: desde 2018, con control total del Ejecutivo, Legislativo y, en gran medida, Judicial, el gobierno ha tenido herramientas inéditas para desmantelar esas estructuras, sin resultados tangibles.
La descalificación de la derecha fue aún más directa. Ante las críticas de partidos como PAN y PRI –que exigieron una intervención federal inmediata en Uruapan–, Sheinbaum ironizó: «¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado». Esta retórica no solo evade responsabilidad, sino que victimiza al gobierno, insinuando una «campaña en redes» orquestada por opositores para desestabilizar su administración. En efecto, hashtags como #SheinbaumAsesina han proliferado en X, impulsados por protestas en el funeral de Manzo, donde cientos acusaron al federales de negligencia. Sin embargo, estos reclamos surgen de hechos: Manzo había alertado sobre amenazas del CJNG semanas antes, y la Guardia Nacional, desplegada en Michoacán, no evitó el atentado en un evento público.
El núcleo del problema radica en la pregunta no respondida: si la violencia «inició» en 2006, ¿por qué, con todo el poder desde 2018, no se ha resuelto? El sexenio de AMLO prometió «abrazos, no balazos» y una Guardia Nacional para atacar causas sociales, pero los homicidios dolosos superan los 30 mil anuales, y Michoacán acumula 450 en 2025 solo por crimen organizado. Sheinbaum, quien como jefa de Gobierno de CDMX impulsó operativos focalizados, ahora coordina con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), pero sin reformas estructurales: la Unidad de Inteligencia Financiera congela mínimas cuentas narco, y la militarización persiste pese a promesas de civilianización. Su oferta de «estar cerca de Michoacán, no están solos» suena a paliativo, no a estrategia.
Esta evasión erosiona la credibilidad de Sheinbaum, cuya aprobación se estanca en 70% gracias a programas sociales, pero cae en seguridad al 42%. Políticamente, invita a la oposición a capitalizar el descontento de cara a 2027, mientras el CJNG interpreta la inacción como debilidad. Para romper el ciclo, México necesita rendición de cuentas real: auditorías independientes a la SSPC y metas cuantificables, no más ecos del ayer. De lo contrario, los «lugares comunes» se convertirán en epitafios para más Manzos.
