- Solo el 1,59 % de los casos tuvo base criminal.
- Nueve de cada diez personas expulsadas son latinoamericanas.
- Texas, Florida y California concentran el 57 % de las remociones
Según Mobile Pathways, en lo corrido de 2025 la expulsión de inmigrantes ha alcanzado un incremento del 227 %, el más alto registrado en los últimos 20 años, con una cifra que marca un punto de inflexión en la política migratoria, con 353.203 deportaciones ejecutadas. Lo preocupante está en que el repunte no está asociado a la criminalidad: porque menos del 2 % de los casos tienen antecedentes penales.
Para la Executive Office for Immigration Review (EOIR), el 60 % de los casos en cortes migratorias a 2025 terminó con orden de expulsión, mientras que solo el 12 % obtuvo alivio migratorio (asilo, cancelación de deportación o ajuste de estatus). Los tribunales han procesado 505.000 casos nuevos, de los cuales solo el 1,59 % involucró acusaciones criminales.
El abogado de trabajadores inmigrantes, Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., advierte que las cifras “son fruto de una política de control poblacional más que razones de seguridad pública. En los datos se observa una tendencia a sancionar la irregularidad migratoria como si fuera un delito, cuando en realidad la mayoría de las personas deportadas no representa un riesgo para la seguridad nacional”.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde enero se han producido más de 2 millones de salidas del país, incluyendo 1,6 millones de auto deportaciones y 400.000 expulsiones forzadas. La agencia proyecta que, para el cierre del año, el total de deportaciones superará las 600.000, cifra que duplicaría el promedio anual de los últimos cinco años; pero sin lograr el objetivo anual de un millón de deportaciones, trazada por la actual administración.
Y es que si las cifras mantienen esta tendencia, se alcanzaría entre el 60 % y el 65 % de esa meta, muy a pesar del alcance nacional dado a la “deportación acelerada” a una escala inédita, sin revisión judicial previa, incluso contra personas con años de residencia o procesos activos; cuyas decisiones son tomadas entre dos y seis horas y que elimina la apelación, lo que termina afectando a 2,5 millones de extranjeros, incluidos un millón de inmigrantes admitidos temporalmente durante la administración anterior.
Para el abogado Quiroga, “la deportación acelerada responde a la necesidad del gobierno de mostrar resultados inmediatos. Sin embargo, su aplicación indiscriminada erosiona las garantías del debido proceso y deja a miles de personas sin acceso a defensa o revisión judicial”.
La geografía de las deportaciones: América Latina y el Sur de EE. UU. concentran el impacto
El 84,4 % (298.014 personas) deportadas en 2025 provienen de América Latina. México con 75.307 casos (21,3 %); Honduras (49.717) (14 %); Guatemala (48.079) (13,6 %); Venezuela (29.416) (8,3 %); y Colombia (21.924) (6,2 %). Mientras tanto, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Perú y Brasil, en conjunto, concentran otro 25 % del total.
Texas con (84.694 casos); Florida (67.499) y California (53.743) lideran con más de la mitad del total de expulsiones, reflejando la relación entre cooperación local con ICE, la densidad migrante y actividad judicial. Les siguen Nueva York (34.504), Chicago (32.896) y Nueva Jersey (30.295), donde pese a las políticas santuario, los casos se mantienen en niveles elevados.
Un sistema que prioriza el volumen: récord de deportaciones, sobre base administrativa y mínima defensa legal
El histórico de expulsiones muestra que en 2021 se registraron 42.382 casos; en 2022, 145.675; en 2023, 251.355, con un incremento del 72 % respecto al año anterior; en 2024, 341.935, y en 2025 hasta septiembre, 353.203. Este comportamiento refleja la aceleración del aparato migratorio federal, consolidando una política basada en volumen más que en análisis individual de los casos.
En los últimos 25 años, 5,6 millones de deportaciones (57,5 %) corresponden a ingresos sin inspección y 3,5 millones (36,1 %) a violaciones de visa o permanencia irregular. Mientras que los casos por delitos graves o agravados no superan el 6 % del total. Por su parte, los vinculados con terrorismo solo representaron el 0,1 %. Adicionalmente, uno de cada cuatro inmigrantes tuvo defensa legal en 2025, limitándose las apelaciones contra decisiones erróneas o la posibilidad de solicitar alivios migratorios para personas que tendrían derecho.
Los informes del DHS, EOIR, TRAC y Mobile Pathways confirman que el 2025 es el año de mayor intensidad operativa migratoria desde 2001, con un promedio de 30.000 deportaciones mensuales y una aceleración de procesos judiciales sin precedentes.
“Con esto se gesta una contradicción entre eficiencia e injusticia. Sin embargo, la velocidad no implica eficiencia, sino un aumento de los errores procesales y familias fragmentadas”, puntualizó el abogado Quiroga.
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