Todo lo hacen mal, excepto el proselitismo. No hubo prevención, a pesar de que se conocían los riesgos; No alertaron a la población, a pesar de los alarmantes pronósticos de Conagua y el Meteorológico Nacional; No tuvieron reacción oportuna, a pesar de la experiencia acumulada y los protocolos de protección civil. Lo que sí hicieron fue detener, concentrar y administrar la ayuda humanitaria a los damnificados, convertidos en clientela electoral.
Eso vale para los cinco estados afectados, pero Veracruz atrajo el foco nacional por los desplantes indolentes y arrogantes de la gobernadora, minimizado las lluvias, regañando a medios de comunicación y mintiendo con descaro, así como por la desafortunada imagen de la Presidenta en Poza Rica, callando a damnificados con el dedo cruzándole la boca. El más contento con eso es el gobernador de Puebla, Ricardo Armenta, pues el desastre lo agarró en Nueva Jersey, viajando en avión privado, y no se dio por enterado hasta dos días después.
Las “lluvias atípicas”, como otros fenómenos naturales, no se pueden evitar, pero sí es factible y, por tanto, insoslayable prepararse para reducir sus consecuencias y evitar daños mayores, comenzando con la pérdida de vidas. Se llama prevención; en eso, por enésima vez, fallaron las autoridades.
Para eso sirven los Atlas de Riesgos, los cuales orientan las medidas de protección que deben realizarse en la localidad. El de Poza Rica, aprobado en 2023, previó lo que pasaría si no se realizaban ciertas obras necesarias; el problema es que no se hicieron… salvo un muro de contención del Río Cazones que no se concluyó porque, a decir del alcalde, se robaron los recursos.
El Fonden era una medida fundamental de prevención, pero a López Obrador le pareció más importante financiar al Tren Maya y de ahí le transfirió 30 mil millones de pesos. Para vaciar el fondo acusó corrupción, pero no presentó denuncias y la coalición oficialista postuló a José María Tapia, ex director con Peña Nieto pillado en Las Vegas en plena emergencia y señalado por riqueza inexplicable, para la capital de Querétaro, algo impensable sin su aval.
Era mejor poner más controles al Fonden, así como sancionar a los responsables del mal uso de recursos, que extinguirlo y dejar en la zozobra a las poblaciones afectadas; pero quería el dinero para sus proyectos y a ningún corrupto se le cierran las puertas en Morena, así haya desprotegido con sus transas a miles de personas. La atención a los desastres naturales no son prioridad para el obradorato, al contrario, le volvieron a reducir el presupuesto e insisten en colocar a neófitos al frente de la protección civil; eso sí, con 90% de obediencia.
Para colmo, Rocío Nahle no renovó el seguro contra desastres naturales y optó por contratar otro con empresa estatal recién creada, la cual carece de permiso y no tiene fondos, a pesar que etiquetaron 175 millones del presupuesto para pagarlo.
No se rindió cuentas con la Línea 12, ni con Tlahuelilpan, ni con Otis, ni con nada. Ahora no será la excepción. Lo grave es que, cuando la omisión en responsabilidades tan importantes no es sancionada, la impunidad contribuye a su repetición, tal y como lo constatamos cada año mientras escuchamos la amnésica disculpa de cajón: “nunca antes había pasado”. Y todavía hay gobernantes que se ofenden y acusan de mezquinos a quienes denuncian fallas, absolviendo a los que las cometieron.
Cuestionar el desempeño gubernamental antes, durante y después del suceso meterorológico no solo es un derecho, es labor indispensable para corregir y tomar las medidas conducentes, es decir, para aprender de la experiencia y dejar de tropezar con la misma piedra.
En lo que no fallan es en la partidización de la ayuda. Se preocuparon para que todo lo que se entregue esté envuelto en el color guinda de Morena, el mismo del chaleco que usan los servidores de la nación para empadronar a los afectados antes de recibir cualquier apoyo; más vale darlo tarde a que ignoren a quién agradecerlo.
Por lo mismo impiden que el acopio y las donaciones ciudadanas llegue por su cuenta. La centralizan y distribuyen para que los damnificados paguen con el voto a los causantes de su desgracia.
