En el turbulento panorama político mexicano, donde las acusaciones de corrupción se entretejen con estrategias electorales, ha surgido un debate que revela las grietas en el discurso oficial sobre la evasión fiscal. Luisa María Alcalde, flamante presidenta nacional de Morena, irrumpió en la escena al negar rotundamente la existencia del «huachicol fiscal» —ese término coloquial que describe la sustracción ilegal de impuestos a través de maniobras contables y lagunas legales—. En su lugar, Alcalde optó por rebautizar el fenómeno como «contrabando de combustible», un giro semántico que busca despolitizar un problema estructural y centrarlo en un delito más tangible, pero menos sistémico. Esta declaración no es un mero lapsus retórico; es un intento deliberado de reencuadrar la narrativa fiscal para blindar al gobierno de la Cuarta Transformación de críticas sobre su manejo tributario.
Alcalde, ex secretaria de Trabajo y de Gobernación, argumentó que el término «huachicol fiscal» es una invención opositora para exagerar la evasión impositiva, estimada por el SAT en más de 500 mil millones de pesos anuales. Según ella, el verdadero delito radica en el robo de hidrocarburos en ductos de Pemex, que genera pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos al año, y no en una supuesta «cultura de la evasión» fomentada por elites económicas. Esta posición alinea perfectamente con la agenda de Morena: enfatizar el combate al crimen organizado —como el huachicoleo físico— para proyectar una imagen de gobierno implacable contra la impunidad, mientras se minimiza el escrutinio sobre reformas fiscales que han fallado en capturar a grandes contribuyentes. Datos del INEGI y la OCDE respaldan la magnitud del problema: México pierde el 3.5% de su PIB en evasión, superior al promedio latinoamericano, pero Alcalde prefiere invisibilizarlo bajo el paraguas del contrabando, un delito que evoca imágenes de bandas armadas en lugar de despachos contables en Polanco.
Sin embargo, el eco de esta retórica no se limitó al campo morenista. Sorprendentemente, Miguel Ángel Yunes Márquez, ex senador panista y figura polémica de Morena en el Senado, repitió casi verbatim el mismo guión en la tribuna del Senado. Durante un debate , Yunes desechó el «huachicol fiscal» como un «concepto propagandístico» y lo equiparó al contrabando de combustible, urgiendo a fortalecer aduanas y no a «perseguir a los empresarios honestos». Esta coincidencia no es casual. Yunes, heredero político de su padre Miguel Ángel Yunes Linares —exgobernador veracruzano envuelto en escándalos de corrupción—, representa a los recién llegados a Morena en temas económicos para no alienar a votantes empresariales. El guión compartido sugiere una coreografía sutil: ambos personajes convergen en diluir un término que podría galvanizar reformas fiscales agresivas, como el cierre de fideicomisos opacos o la digitalización total del SAT.
Este sincronismo revela las dinámicas de poder en el Congreso bicameral, donde Morena y sus aliados controlan mayorías. El verdadero autor del «guión» permanece en las sombras —quizá asesores de la Secretaría de Hacienda o think tanks transpartidistas—, pero su propósito es claro: desviar la atención de la deuda pública, que supera el 50% del PIB, hacia enemigos comunes como el narco. Críticos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han calificado esto como «lavado narrativo», argumentando que ignora evidencias de la PGR y la UIF sobre redes de evasión que involucran a políticos de todos los colores.
Las implicaciones son profundas. Al negar el huachicol fiscal, se perpetúa una cultura de impunidad que frena la recaudación y agrava la desigualdad: el 1% más rico evade impuestos mientras el 99% subsidia al Estado vía IVA. Para 2025, con elecciones intermedias en el horizonte, este debate podría fracturar coaliciones. Morena arriesga perder credibilidad si no actúa. En última instancia, México necesita un discurso honesto: el huachicol fiscal existe, y combatirlo requiere voluntad política, no solo reetiquetado semántico. Solo así se construirá una fiscalidad equitativa que impulse el desarrollo sostenible.
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