En las sombras de la Cuarta Transformación, donde la austeridad se proclama como virtud, emerge un escándalo que pone en jaque la narrativa de integridad de Morena: las irregularidades fiscales de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y delfín frustrado de López Obrador. Una filtración de documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) —organismo bajo control morenista— revela omisiones por al menos 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, sumados a ingresos millonarios por herencias familiares, ventas de ganado y honorarios notariales. ¿Casualidad o purga interna? El senador niega todo, apunta a la «derecha» y a «empresarios», pero las evidencias sugieren un ajuste de cuentas dentro del partido que amenaza su cohesión rumbo a 2027.
El detonante fue una investigación periodística que expuso pagos no declarados de empresas privadas a López Hernández, disfrazados como «asesorías legales». En 2023, recibió 58 millones de pesos de firmas como una identificada como «fantasma», suspendida por el SAT por irregularidades. Para 2024, sumó 2.8 millones más de la misma entidad. Ante el escrutinio, el tabasqueño rectificó: esos fondos provenían de su actividad como notario público —un cargo incompatible con funciones políticas sin licencia expresa— y herencias de propiedades familiares valoradas en decenas de millones, heredadas de su linaje ganadero en Tabasco. Sin embargo, la bomba estalló en septiembre de 2025: 24 millones adicionales en lo que va del año, ahora atribuidos a la «venta de 150 cabezas de ganado», una explicación que genera escepticismo. Expertos ganaderos cuestionan su viabilidad —un animal promedio rinde unos 4,500 pesos, requiriendo miles de cabezas para esa cifra en seis meses—, avivando sospechas de lavado o nexos con el huachicol fiscal, ligado a su excolaborador Hernán Bermúdez y «La Barredora».
López Hernández pagó 22.8 millones en impuestos retroactivos (2023-2025), con 3.4 millones solo en 2025, y jura haber declarado todo «en tiempo y forma». Descartó «fuego amigo» del gobierno de Sheinbaum, coincidiendo con la presidenta en que se trata de una «campaña de desprestigio» orquestada por la oposición y «el viejo régimen». No obstante, la versión más creíble apunta a una filtración interna del SAT. Fuentes anónimas en el organismo —controlado por Raquel Buenrostro, aliada de Morena— sugieren que el general Audomaro Martínez, exjefe de inteligencia fiscal, pudo haber orquestado el goteo para debilitar al «grupo Tabasco», rival de facciones sheinbaumistas. Esto encaja en un patrón: denuncias previas contra López por corrupción en Tabasco, incluyendo desvíos en seguridad y protección a grupos criminales, han sido minimizadas como «golpes de la derecha».
Políticamente, este episodio erosiona la credibilidad anticorrupción de Morena. Sheinbaum, presionada por su neutralidad en la contienda interna, llamó a «aclarar irregularidades» sin respaldar públicamente a su exrival presidencial. López, aspirante a la Suprema Corte, se posiciona como víctima para galvanizar bases leales, pero pierde aliados: senadores morenistas susurran sobre su «jubilación forzada». Si el SAT —símbolo de la «nueva fiscalidad» 4T— filtra contra uno de los suyos, ¿qué impide auditorías masivas? Revela fracturas post-AMLO: lealtades rotas, ambiciones expuestas y un partido vulnerable a escrutinio externo. México demanda transparencia, no excusas. Sin investigaciones independientes de la FGR, el daño colateral podría costarle a Morena la hegemonía en 2027.
There is no ads to display, Please add some
