El gobierno de Claudia Sheinbaum ha iniciado una ambiciosa agenda de modernización administrativa, con la digitalización de trámites como uno de sus pilares. El objetivo es claro: simplificar la burocracia, agilizar los procesos y mejorar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales. Una de las iniciativas más destacadas es la propuesta de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, una herramienta que busca ser el eje de identidad digital de los mexicanos, prometiendo una mayor eficiencia y seguridad en la validación de la identidad para diversos servicios.
Esta estrategia de digitalización no es nueva en la política mexicana; ha sido una aspiración recurrente en administraciones anteriores. Sin embargo, la actual administración se ha comprometido a llevarla a un nuevo nivel. La premisa es que una gestión pública más ágil y accesible puede liberar recursos, reducir la corrupción y, en última instancia, beneficiar a la economía y a la vida cotidiana de las personas. La implementación de la CURP biométrica, que incorporaría datos como huellas dactilares y reconocimiento facial, se percibe como un salto tecnológico que podría homologar la identificación oficial y facilitar una gama de servicios, desde la apertura de cuentas bancarias hasta la inscripción en programas sociales.
La digitalización emerge como pilar de la «Cuarta Transformación 2.0». Desde sus primeros meses, el gobierno ha priorizado la unificación de servicios en plataformas como la «Llave MX», que integra la CURP biométrica para agilizar trámites como obtención de licencias, pensiones y registros civiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2025, esta reforma incorpora datos faciales y huellas dactilares, facilitando la verificación de identidad y reduciendo burocracia. Sheinbaum ha enfatizado su carácter opcional, aclarando en su conferencia matutina del 22 de agosto que no será un requisito forzoso ni generará costos para los ciudadanos. El objetivo es claro: en un país con más de 130 millones de habitantes, donde el 70% de los trámites presenciales tardan semanas, la digitalización podría ahorrar miles de millones de pesos anuales y democratizar el acceso a servicios públicos. Expertos en administración pública destacan que, al vincular la CURP con bases de datos biométricas, se minimizan fraudes en programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores, fortaleciendo la inclusión digital en zonas rurales.
La paradoja de la seguridad digital
No obstante, este avance llega en un momento de fragilidad cibernética. México registró 40 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2025, posicionándose como el segundo país más afectado en América Latina, solo por detrás de Brasil. Incidentes recientes ilustran la precariedad: en marzo, un hackeo a Oracle expuso datos sensibles de usuarios gubernamentales, revelando fallas estructurales en la infraestructura tecnológica. Más alarmante, un ciberataque a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal comprometió información legal de la Presidencia, mientras que el sector salud y portales como el de la Secretaría de Educación Pública sufrieron brechas por sistemas obsoletos y falta de parches de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó haber bloqueado 14 millones de intentos entre octubre de 2024 y agosto de 2025, pero esto solo reacciona a amenazas, no las previene.
La digitalización, si bien ofrece beneficios significativos, también expone a los sistemas a vulnerabilidades cibernéticas. Las noticias de filtraciones de datos y la interrupción de servicios gubernamentales ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger la información sensible de sus ciudadanos. La confianza pública es un activo frágil, y un solo incidente de seguridad puede socavar los esfuerzos de modernización.
Un punto crítico es que, si bien se está invirtiendo en la digitalización, no se ha puesto el mismo énfasis en la infraestructura de seguridad cibernética. Expertos y organismos internacionales han emitido recomendaciones para fortalecer las defensas digitales del país, pero la atención y los recursos destinados a esta área parecen ser insuficientes. La falta de personal especializado en seguridad de datos y la ausencia de protocolos de protección robustos dejan una puerta abierta a los ciberataques, lo que podría convertir la digitalización en una espada de doble filo. La creación de una base de datos biométrica, sin las salvaguardas adecuadas, es un riesgo considerable. La información biométrica es de las más sensibles que existen; a diferencia de una contraseña que se puede cambiar, una huella dactilar o el reconocimiento facial son permanentes. Una vez comprometidos, estos datos podrían ser usados de manera maliciosa, con consecuencias graves para la privacidad y seguridad personal de los individuos.
En este contexto, el desafío para el gobierno de Sheinbaum es encontrar un equilibrio entre la modernización y la seguridad. Es crucial que la digitalización no se limite a una cuestión de eficiencia, sino que se aborde con una visión integral que ponga la protección de los datos de los ciudadanos en el centro de la estrategia. La transparencia sobre los mecanismos de seguridad, la inversión en tecnología y la capacitación de personal son pasos indispensables para asegurar que los beneficios de la digitalización superen los riesgos inherentes. De lo contrario, lo que se presenta como una gran mejora podría convertirse en una vulnerabilidad masiva.
La omisión clave radica en ignorar recomendaciones de organismos como el INAI y expertos internacionales. La reforma de la CURP biométrica, aunque innovadora, no incluye protocolos robustos para encriptación de datos ni auditorías independientes, pese a alertas sobre el riesgo de vigilancia masiva o fugas masivas. En un informe de junio de 2025, el 39% de las organizaciones mexicanas admitieron haber sufrido al menos un ciberataque en 2024, con costos promedio de millones de pesos por incidente, atribuidos a la escasez de personal especializado en ciberseguridad. Políticamente, esto debilita la narrativa de Sheinbaum sobre un gobierno «eficiente y seguro». Opositores como el PAN y MC han capitalizado estos fallos para cuestionar la soberanía digital, argumentando que la prisa por la digitalización sacrifica la privacidad por la modernidad. Internacionalmente, México contrasta con modelos como el de Estonia, donde la e-gobierno incluye capas de blockchain para datos biométricos.
Conclusión: el costo de la desatención
La digitalización de trámites y la creación de la CURP biométrica son metas loables que responden a la necesidad de modernizar la administración pública mexicana. Sin embargo, la estrategia parece estar cojeando. Ignorar las advertencias de seguridad y las vulnerabilidades existentes ante recientes ciberataques pone en riesgo la información personal de millones de ciudadanos. La gestión de riesgos debe ser tan prioritaria como la búsqueda de la eficiencia. Sin una política de ciberseguridad robusta, la modernización se convierte en una invitación al desastre digital. El gobierno debe demostrar que no solo tiene la visión para construir un futuro digital, sino también la capacidad para protegerlo. El verdadero éxito de la digitalización no se medirá solo por la velocidad de los trámites, sino por la confianza que los ciudadanos puedan depositar en un sistema que salvaguarde su identidad y privacidad.
En balance, la iniciativa de Sheinbaum representa un paso audaz hacia la modernización, pero sin inversiones en ciberdefensas —como capacitar a 10,000 especialistas o adoptar IA para detección de amenazas— podría derivar en escándalos que erosionen la confianza pública. Se ha recomendado una revisión legislativa urgente para integrar salvaguardas, alineando eficiencia con derechos humanos. De lo contrario, el «progreso digital» podría convertirse en un talón de Aquiles para Morena en las elecciones intermedias de 2027.
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