“Y mientras gritamos ‘¡Viva Morelos!’, le quitamos al Amparo la fuerza para hacer frente al injusto y al arbitrario…que exigía Morelos”, escribió Rafael Estrada Michel, erudito profesor de derecho en una red digital, y me lo mandó una de sus alumnas escandalizada: “Asesinaron al Amparo”, me dijo, con tristeza.
El expresidente Ernesto Zedillo recién declaró “difunta” a la democracia mexicana. No la supimos cuidar, lamentó. Quizá tampoco supimos cuidar al poder judicial, ahora en manos de sortilegios e ignorancias; ni al amparo, con el que coyotes, rábulas y abuso del litigio estratégico, hicieron trinquetes y dinero; pero el caso es que la cita demoledora le llegó a la mexicanísima obra del yucateco Manuel Crescencio Rejón, el juicio de garantías, el escudo ciudadano eficaz contra el ejercicio del poder autoritario. Morena lo castrará.
El amparo no es un lujo, es una necesidad para hacer efectivo y real -no puro bla-bla-bla- un derecho. Por ejemplo, un juez federal, con un amparo, le ordenaba al IMSS la entrega de medicinas o una jubilación justa. La nueva ley le permitirá al IMSS hacer lo que le venga en gana.
La nueva reforma tiene frases tramposas para debilitar esa defensa del ciudadano quejoso. Actualmente el juez “decreta” la suspensión del acto presuntamente arbitrario antes de que sea tarde, la nueva dirá que el juez “tramitará” esa petición. ¿Otorgará inmediatamente o no, la orden de detener el acto reclamado?
El amparo ya no es “garantista”. La balanza de la justicia estará cargada a favor de la autoridad. Ejemplo contundente: la autoridad se puede pasar por el arco del triunfo, en caso de incumplimiento, ese fallo judicial; no existirá responsabilidad penal de funcionario que quebrante el amparo. Es decir, desobedecer un amparo estará autorizado. Las fechorías gubernamentales tienen permiso. El amparo amputado, eunuco, no fertilizará el Estado de derecho, ni el equilibrio de poderes o los sanos contrapesos para evitar el abuso. Muere la democracia, como dijo Zedillo.
La suspensión en un juicio de amparo era un ¡detente!, una garantía de que el gobierno no se pasaría de la raya. Así lo decía Arturo Zaldívar en su libro-tesis, “Hacia una nueva Ley de Amparo” (ed. UNAM-Porrúa), donde prácticamente equiparaba esa medida cautelar, provisional, decretada por un juez, como la esencia misma del derecho humano a una efectiva y real tutela judicial. (p.95).
Además, la propuesta amarra a los jueces del acordeón a determinar con consigna legislativa, qué es el interés legítimo, y amparar limitativamente a las personas. Contra eso escribió Zaldívar. Se debe “privilegiar la discrecionalidad de los jueces” (p.92). No les tienen confianza a sus propios jueces del bienestar. Debilitan los amparos colectivos (art. 5), por ejemplo, de comunidades indígenas, ¿para ningunear o calar al presidente de la Corte, Hugo Aguilar?
Dirán que el amparo lo usaron los corruptos. ¿Quiénes usaron la suspensión? Yasmín Esquivel, para impedir a la UNAM exhibir su historia académica y su tesis plagiada; Arturo Zaldívar con BBVA Bancomer entre otros, para ganar tiempo y negociar, cuando el Fobaproa, el robo más grande en la historia de México, según AMLO. La excontralora de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, para no ir a la cárcel. El entonces senador electo Javier Corral. Y el propio diputado Ricardo Monreal, para evitar que lo calumniara la gobernadora de Campeche.
Asesinaron al amparo. Pero pregunto, por las informaciones periodísticas que tengo al alcance: ¿se aseguraron de usarlo antes de que los hijos del expresidente López Obrador, pisen un juzgado? Se aclaró. Qué bueno. El amparo seguirá muerto.
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