El reciente incidente del Tren Maya en Izamal, Yucatán, el 19 de agosto de 2025, ha desatado un nuevo debate sobre la gestión de crisis en los proyectos insignia de la 4T. Óscar David Lozano, director del proyecto, insistió en que no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía” provocado por una “anomalía” en el cambio de vía. Esta narrativa, sin embargo, no es nueva. El uso de eufemismos para suavizar incidentes graves recuerda al colapso de la Línea 12 del Metro en 2021, donde la tragedia que dejó 26 muertos fue minimizada como un “incidente”. ¿Es esta una estrategia deliberada para desviar la atención ciudadana y eludir responsabilidades por errores de construcción, falta de mantenimiento o deficiente planeación?
El incidente de Izamal involucró al tren 304, que al entrar a la estación chocó con el tren 307 estacionado, causando que un bogie se saliera de la vía. Aunque no hubo lesionados entre los 261 pasajeros, la rápida intervención de la Guardia Nacional y los protocolos de evacuación no logran disipar las dudas. Lozano admitió que “esto no debería haber pasado” en el diseño ferroviario, señalando una falla en el sistema de señalización, pero descartó intencionalidad o error humano. La Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios y la Fiscalía General de la República investigan las causas, mientras se implementan sujeciones mecánicas para evitar futuros percances. Sin embargo, el historial del Tren Maya, con descarrilamientos previos en Tixkokob (marzo 2024) y Limones (enero 2025), refuerza las sospechas de problemas estructurales.
En redes sociales, el término “percance de vía” ha generado críticas mordaces. Usuarios como @jesusortegam y @DiputadosOut acusan al gobierno de usar eufemismos para maquillar negligencias. La comparación con la Línea 12 es inevitable: en ambos casos, las autoridades han evadido señalar responsables directos, optando por términos vagos que diluyen la gravedad. El diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez exigió suspender las operaciones del Tren Maya, advirtiendo sobre “corrupción e improvisación” que podrían derivar en una tragedia mayor, similar a la del Metro. La falta de transparencia en los sobrecostos del proyecto, estimados en un 281% por encima del presupuesto inicial, y las 45 fallas reportadas desde su inauguración en 2023, alimentan la percepción de una planeación deficiente.
El uso de eufemismos no solo busca calmar a la opinión pública, sino que refleja una estrategia política para proteger la imagen de los megaproyectos de la 4T. Mientras Lozano compara los incidentes con los 1,600 descarrilamientos anuales en Estados Unidos, la ciudadanía exige claridad. ¿Son estos “percances” el resultado de fallas técnicas o de una gestión que prioriza la narrativa política sobre la seguridad? La investigación en curso será clave para responder, pero la confianza en el proyecto está en entredicho.
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