Aunque percibimos la intención perversa del régimen de poner a todo México a hablar de la reforma electoral usando como anzuelo la eliminación de los “pluris” —así llamados a los espacios obtenidos por representación proporcional— y la reducción de recursos públicos a los partidos políticos, lo cierto es que este debate maquiavélico les sirve para desviar la atención. No quieren que el país hable de los vínculos que las altas esferas del oficialismo tienen con el crimen organizado, como el caso de “La Barredora” y de varios estados gobernados por Morena que hoy están bajo el asedio de estos grupos. Son temas que incluso Estados Unidos ha señalado públicamente.
Por eso, antes de entrar al detalle, lo digo claro: estaremos en contra de cada intento de reforma que busque perpetuar el control político y silenciar los señalamientos más graves que pesan sobre este régimen bajo el argumento de modernización y reducción costos.
En el fondo, lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia. En los últimos años hemos visto cómo la representación proporcional, que nació para dar voz a las minorías, se ha convertido en un instrumento para distorsionar la voluntad popular. En la Cámara de Diputados, el oficialismo fabricó mayorías artificiales; en el Senado, armó un juego de alianzas para alcanzar mayorías calificadas sin que los votos lo respaldaran.
Esta distorsión debe corregirse. Hay que rediseñar el sistema para que cada voto cuente y para que la composición de las Cámaras sea un reflejo fiel de las urnas. Reducir el número de diputados o senadores de representación proporcional puede discutirse, pero sólo si se garantiza que no se repitan las trampas de ingeniería política que han dañado la confianza ciudadana.
El costo de nuestras elecciones es otro tema que no puede analizarse con ligereza. Es verdad que México invertimos mucho en los procesos electorales, pero reducir por reducir el presupuesto debilitará la logística, la capacitación de funcionarios y la fiscalización. Países como Canadá o Chile que han optimizado recursos sin debilitar la democracia, lo hicieron con planeación y visión de Estado, no con ocurrencias.
También urge discutir la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. No es una solución mágica, pero daría mayor legitimidad, obligaría a construir consensos y reduciría la polarización que tanto nos divide.
En cuanto al voto digital, no debemos cerrarnos a la tecnología, pero sí exigir que tenga respaldo físico, auditorías independientes y protocolos de contingencia. Si no garantizamos la inviolabilidad del voto, abriremos la puerta a más desconfianza y posibles fraudes.
Sobre los órganos electorales, mi posición es clara: los organismos públicos locales electorales (OPLEs) deben permanecer. Centralizar todo en una sola autoridad nacional restaría capacidad de respuesta y debilitaría aún más el federalismo. La integración de estos órganos debe garantizar imparcialidad, independencia y profesionalismo, alejándolos de cuotas partidistas.
La fiscalización también es un punto de vida o muerte para la democracia. Hay que blindar los procesos contra la intervención del crimen organizado y sancionar, en tiempo real, el uso de recursos de procedencia dudosa antes, durante y después de las elecciones, ya que estas deben realizarse con piso parejo para todas y todos.
Esto implica, transparentar los programas sociales para que no vuelvan a usarse como herramientas electorales. Los apoyos públicos son derechos de la gente, no dádivas del gobierno en turno. Utilizarlos para coaccionar el voto es corrupción política.
El proceso de consulta para cualquier reforma debe ser amplio y abierto. Las reglas del juego democrático se construyen con especialistas, con los jugadores y sobre todo con la ciudadanía. Sólo así se logrará un compromiso real y compartido.
Si con esta reforma realmente buscan avance y no un retroceso, debe sustentarse en principios irrenunciables:
- Representación auténtica y proporcional – cada voto cuenta, sin sobrerrepresentaciones ni mayorías artificiales.
- Garantía de pluralidad política – las minorías tienen y deben conservar su voz.
- Autonomía e independencia de autoridades electorales – sin injerencia partidista.
- Federalismo electoral sólido – mantener y fortalecer los OPLEs.
- Procesos electorales eficientes y robustos – ahorrar sin debilitar la democracia.
- Seguridad y certeza en el voto – con respaldo físico y auditorías.
- Fiscalización eficaz y blindaje contra recursos ilícitos – sanciones rápidas, sin intervención criminal.
- Inclusión y paridad – igualdad sustantiva y representación de grupos subrepresentados.
- Transparencia total – diagnósticos y estudios públicos antes de aprobar cambios.
- Participación ciudadana vinculante – sociedad civil y expertos en el diseño.
- Blindaje de programas sociales – impedir su uso electoral.
La reforma electoral que México necesita no es la que favorezca a un gobierno y a partido, sino la que garantiza elecciones libres, competitivas y transparentes. Nuestra democracia no debe ser rehén de intereses políticos ni cortina de humo para encubrir vínculos criminales. Y desde Acción Nacional estaremos vigilaremos y defenderemos el derecho de las y los mexicanos para elegir en libertad.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
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