En una democracia, votar no es suficiente. El contrapeso al poder se construye día a día mediante una sociedad civil organizada, crítica y vigilante. Hoy, en México, esa vigilancia ciudadana es más necesaria que nunca.
A pesar de las señales de alerta —como el deterioro de las finanzas públicas o el sostenimiento de estructuras improductivas como Pemex—, persiste en el Gobierno una lógica que ignora las consecuencias de largo plazo. La opacidad, sin embargo, no se limita al ámbito fiscal. También afecta a instituciones clave como el Poder Judicial. Las recientes elecciones para cargos de jueces y magistrados, marcadas por irregularidades, mostraron la fragilidad del modelo y la urgencia de una evaluación independiente, que el Estado parece ignorar.
La desaparición del Coneval y el debilitamiento deliberado de las capacidades técnicas para medir la pobreza y evaluar políticas sociales también son síntomas de esta tendencia estatista. Por eso, iniciativas como la creación del Consorcio por la Medición y la Evidencia representan una respuesta ciudadana para mantener análisis rigurosos y autónomos.
Lo mismo ocurre en materia de seguridad. La violencia estructural exige otra vía: gobernanza local fortalecida, enfoque de derechos y construcción comunitaria. Esto sólo puede lograrse si la ciudadanía vigila, exige y participa; no con estrategias militaristas sin transparencia.
Una democracia sin vigilancia ciudadana activa es una democracia incompleta. La sociedad civil no es un obstáculo, sino una condición indispensable para que el poder sirva al bien común.
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