La evasión de personas privadas de la libertad continúa siendo una preocupante realidad en el sistema penitenciario mexicano, con reportes que indican que en promedio, se registra una fuga cada tres días en las cárceles del país. Este fenómeno, que pone en entredicho la seguridad y eficiencia de las instituciones encargadas de la custodia, se ha mantenido como un desafío constante a lo largo de los años.
Aunque no se dispone de datos específicos de TResearch International para mayo de 2025 sobre la evasión de presos, informes previos de la misma consultora han abordado este tema, utilizando cifras históricas del INEGI. La evasión se define como el acto de ayudar o favorecer la fuga de personas detenidas, procesadas o sentenciadas que se encuentran en prisión, buscando que salgan del ámbito de vigilancia al que están legalmente sometidas.
La problemática de las fugas se acentúa al observar que al menos seis entidades federativas concentran más del 50% de las evasiones registradas en los últimos nueve años. La Ciudad de México, en particular, destaca como la entidad con el mayor número de fugas en este periodo. A nivel nacional, los años con mayor incidencia de evasiones han sido 2016 (con 153 fugas), 2018 (129), 2019 (127), 2015 (119) y 2021 (110).
Estas cifras revelan una falla recurrente en la infraestructura y los protocolos de seguridad de los centros penitenciarios. La sobrepoblación carcelaria, que para finales de 2023 se estimaba en 233,277 personas privadas de la libertad en los ámbitos estatal y federal, con una tasa de ocupación del 105.9% en centros estatales, es un factor que agrava la situación. Esta saturación puede dificultar la vigilancia y aumentar las posibilidades de escape.
La evasión de presos no solo representa un golpe a la credibilidad del sistema de justicia, sino que también genera un riesgo para la seguridad pública al permitir que individuos, a menudo con historiales delictivos, regresen a las calles. La fuga de reos, en ocasiones captada por cámaras de vigilancia, como el caso reciente en Chiapas en abril de 2024, evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones y la audacia de los fugados.
Es imperativo que las autoridades redoblen esfuerzos en la mejora de la infraestructura penitenciaria, la capacitación del personal de custodia y la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad. La recurrencia de estos eventos demanda una revisión profunda de las estrategias actuales para garantizar que quienes deben cumplir una condena o enfrentar un proceso judicial permanezcan bajo la debida custodia del Estado.
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