Pese a ser su bandera desde que está en el poder, la administración de López Obrador no sólo niega el acceso a documentos relativos a sus programas y proyectos prioritarios, sino que mantiene los candados que gobiernos anteriores colocaron en expedientes de gran relevancia pública, como los casos Odebrecht y Ayotzinapa.
De acuerdo al semanario Proceso, información detallada de los recursos en proyectos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía no es completa o no existe para consulta, incluso, mantiene candados en otros expedientes de gran relevancia pública, como los casos Odebrecht y Ayotzinapa.
Como ejemplo, en mayo de 2020, el gobierno federal tuvo que responder a las críticas por la opacidad en el presupuesto para sus programas de Servidores de la Nación, quienes fueron los encargados de construir una base de datos para determinar quiénes podrían solicitar los apoyos de la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, la respuesta fue un documento sobre la metodología y un par de tablas con cifras inverificables, que servirán de base para un futuro Padrón Único de Beneficiarios. Ello a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social había señalado que “su levantamiento se hizo antes y durante su diseño (de los programas), por lo que no necesariamente atiende a los objetivos de dichas intervenciones”.
Otro caso se vivió tras la exoneración de Salvador Cienfuegos, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un expediente donde tachó la mayor parte de las más de 7 mil 500 hojas de su “investigación” sobre el expediente del gobierno de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y ello a pesar de la promesa de López Obrador de que el gobierno mostraría una “transparencia absoluta” sobre este polémico caso.
El expediente publicado por la FGR desató burlas e indignación en redes sociales, y revivió el debate sobre la intención del presidente López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una medida denunciada por un amplio bloque de periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y actores políticos.
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