En febrero de 2025, las cifras sobre violencia familiar en México revelaron una disminución del 4% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 20,687 denuncias registradas a nivel nacional. Este dato, proporcionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), forma parte de una tendencia que muestra una reducción sostenida en los casos de violencia intrafamiliar durante los últimos meses. Sin embargo, más allá de estas cifras, es fundamental analizar las implicaciones territoriales, sociales y demográficas que este fenómeno representa para el país.
Desde que inició el sexenio de Claudia Sheinbaum en 2024, se han registrado 39,982 casos de violencia familiar en todo México. Aunque esta cifra puede parecer alarmante, especialistas señalan que la implementación de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención de estos casos podría estar contribuyendo a la desaceleración del problema. Por ejemplo, entidades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Nuevo León concentran el 31% de todas las denuncias relacionadas con violencia familiar. Esta concentración territorial sugiere que factores como la densidad poblacional, las condiciones socioeconómicas y la accesibilidad a mecanismos de denuncia juegan un papel crucial en la incidencia delictiva.
Por otro lado, cuando se analiza la tasa de denuncias por cada millón de habitantes, los estados de Colima, Coahuila y Quintana Roo ocupan los primeros lugares. Esto podría reflejar no solo una mayor incidencia del delito, sino también una mayor disposición de las víctimas a reportar los casos ante las autoridades. En contraste, estados como Chiapas y Campeche muestran tasas significativamente más bajas, lo que podría deberse tanto a una menor percepción de confianza en las instituciones como a la falta de recursos para atender este tipo de violencia.
Un aspecto destacado en el informe de TResearch es la variación interanual entre 2024 y 2025. Mientras algunas entidades federativas, como Aguascalientes y Baja California Sur, mostraron un incremento en las denuncias por violencia familiar, otras, como Chihuahua y Veracruz, experimentaron una notable disminución. Este comportamiento heterogéneo subraya la necesidad de diseñar estrategias específicas para cada región, considerando sus contextos particulares y las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.
Es importante destacar que, aunque las cifras sugieren una tendencia a la baja, esto no implica que el problema esté resuelto. La violencia familiar sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad pública en México. Según datos históricos recopilados desde 2015, este delito ha mantenido una presencia constante en las estadísticas nacionales, con picos significativos en años recientes. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, las restricciones de movilidad y el confinamiento provocaron un aumento alarmante en los casos, lo que evidenció la urgencia de fortalecer los sistemas de apoyo a las víctimas.
El gobierno federal ha reconocido la magnitud del problema e implementado programas destinados a prevenir y combatir la violencia familiar. Entre ellos destacan campañas de sensibilización, la creación de centros de atención integral y la capacitación de personal encargado de recibir denuncias. Sin embargo, expertos coinciden en que aún queda mucho por hacer, especialmente en términos de garantizar que las políticas lleguen a las comunidades más vulnerables y marginadas.
En conclusión, aunque febrero de 2025 marca un hito positivo con una reducción en los casos de violencia familiar, este fenómeno sigue siendo un reto complejo que requiere atención continua. Las cifras presentadas por TResearch no solo ofrecen un panorama cuantitativo, sino que también invitan a reflexionar sobre las causas profundas que lo originan y las estrategias necesarias para erradicarlo. Solo mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades, sociedad civil y organizaciones especializadas será posible construir un entorno más seguro y equitativo para todas las familias mexicanas.
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