El presidente Donald Trump ha elevado el tono en su ofensiva contra el narcotráfico al calificar al fentanilo como un «arma de destrucción masiva» y declarar a los cárteles mexicanos como «enemigos de Estados Unidos». Esta retórica, expuesta en una ceremonia en la Oficina Oval el 15 de diciembre de 2025, acompaña la firma de una orden ejecutiva que busca intensificar las operaciones contra el crimen organizado, incluso más allá de las fronteras estadounidenses. La medida, que clasifica al opioide sintético como amenaza equivalente a armas nucleares o químicas, refleja la prioridad de la administración Trump en su segundo mandato: erradicar el flujo de drogas que, según datos federales, causó más de 100 mil muertes por sobredosis en 2024.
El anuncio no es aislado. Desde enero de 2025, Trump designó a varios cárteles, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas extranjeras, habilitando herramientas financieras y militares bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esto permite sanciones ampliadas, congelamiento de activos y, potencialmente, acciones encubiertas. En octubre, la Casa Blanca justificó operaciones letales en el mar Caribe contra presuntos traficantes venezolanos como parte de una «guerra» contra combatientes ilícitos. Expertos anticipan un escalamiento: mayor despliegue de drones en la frontera sur, colaboración forzada con aliados y posibles incursiones en territorio mexicano, reminiscentes de las políticas de su primer período.
Esta postura genera controversia inmediata. Por un lado, defensores la ven como respuesta audaz a una crisis humanitaria que ha devastado comunidades estadounidenses, con el fentanilo representando el 70% de las muertes por opioides. La orden ejecutiva podría agilizar decomisos y presiones diplomáticas, alineándose con el proyecto de ley «Fentanilo es un Arma de Destrucción Masiva» en el Congreso. Sin embargo, críticos advierten riesgos de escalada internacional. México, principal ruta de entrada del fentanilo, podría percibir estas declaraciones como injerencia soberana, tensando relaciones bilaterales ya frágiles por disputas comerciales y migratorias. Analistas señalan que etiquetar cárteles como terroristas podría justificar intervenciones militares unilaterales, evocando debates éticos sobre soberanía y derechos humanos, especialmente si involucran bombardeos selectivos o capturas extraterritoriales.
La polémica se intensifica en el ámbito doméstico. Mientras republicanos aplauden la dureza, demócratas cuestionan si esta «guerra» distrae de soluciones internas, como la regulación farmacéutica o programas de rehabilitación. Además, la analogía con armas de destrucción masiva invita a ironías: ¿equiparar un fármaco a bombas atómicas minimiza amenazas globales reales o hiperboliza para justificar presupuestos militares? En México, voces oficiales podrían responder con acusaciones de imperialismo, recordando operativos pasados como el de «Rápido y Furioso» que erosionaron la confianza mutua.
En perspectiva, esta estrategia podría redefinir la política exterior de Trump, priorizando la seguridad hemisférica sobre el multilateralismo. Si bien promete resultados en la reducción de flujos ilícitos, el costo diplomático y humano podría ser elevado, alimentando divisiones transfronterizas. El verdadero examen llegará en los próximos meses, cuando las acciones concretas revelen si esta retórica se traduce en victorias o en un nuevo capítulo de confrontación regional.
