La relación bilateral entre Estados Unidos y México enfrenta un nuevo episodio de tensión bajo la administración de Donald Trump, quien ha intensificado sus demandas para combatir el tráfico de fentanilo. Según revelaciones del The New York Times, el presidente estadounidense busca autorizar el envío de elementos de Operaciones Especiales y agentes de la CIA para participar en operativos conjuntos con fuerzas mexicanas, con el objetivo de desmantelar laboratorios de producción de esta droga sintética en territorio mexicano. Esta propuesta representa una escalada significativa en la estrategia antidrogas de Washington, que percibe a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional, responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Desde la perspectiva estadounidense, la iniciativa se justifica por la ineficacia percibida de las medidas mexicanas contra el crimen organizado. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que la colaboración limitada actual no basta para interrumpir las cadenas de suministro de fentanilo, que se origina en precursores químicos importados de China y se procesa en México antes de cruzar la frontera. Trump ha enfatizado en entrevistas que los cárteles «controlan» partes de México, sugiriendo incluso strikes terrestres unilaterales si no hay cooperación. Esta postura resuena entre sectores conservadores en Estados Unidos, que demandan acciones drásticas para frenar la crisis de opioides, pero genera críticas internas por el riesgo de violaciones a la soberanía mexicana y posibles escaladas en violencia.
Por el lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado firmemente cualquier intervención militar extranjera, calificándola como una afrenta a la independencia nacional. En conversaciones telefónicas con Trump, Sheinbaum ha promovido una colaboración basada en inteligencia compartida y esfuerzos conjuntos sin presencia de tropas estadounidenses, alineándose con la doctrina de no intervención histórica de México. Su gobierno ha incrementado decomisos de fentanilo y detenido a líderes cartelarios, entregando a decenas de ellos a autoridades estadounidenses, lo que demuestra un compromiso con la responsabilidad bilateral. Sin embargo, opositores internos la acusan de debilidad ante las presiones de Washington, mientras que simpatizantes la elogian por defender la autonomía.
Elementos polémicos surgen en torno a versiones no confirmadas de que Trump ha exigido la extradición de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado, varios supuestamente afiliados a Morena, el partido gobernante. Estas acusaciones, circuladas en medios y redes, avivan debates sobre corrupción y colusión entre élites políticas y cárteles, recordando escándalos pasados como el de Genaro García Luna. Críticos argumentan que tales demandas podrían ser un pretexto para interferir en la política interna mexicana, exacerbando divisiones partidistas y erosionando la confianza bilateral. Defensores de Trump, en cambio, las ven como un paso necesario para erradicar raíces profundas del narcotráfico.
Las implicaciones son amplias: una intervención podría intensificar la violencia en México, desplazando a miles y afectando economías locales, mientras que el rechazo podría llevar a represalias económicas como tarifas arancelarias, amenazando el comercio bilateral valorado en cientos de miles de millones de dólares. Analistas destacan la necesidad de un enfoque multilateral que incluya regulación de precursores químicos y programas de salud pública, en lugar de soluciones militarizadas. En última instancia, este impasse refleja tensiones estructurales en la relación México-Estados Unidos, donde intereses de seguridad chocan con principios de soberanía, demandando un diálogo equilibrado para evitar una crisis mayor.
