El nombramiento de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, ha generado un intenso escrutinio público tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro en el Operativo Enjambre. Realizado el 8 de febrero de 2026 en una sesión extraordinaria del cabildo, el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada y duró menos de 17 minutos, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención. Esta designación sorprendió a observadores, dada la cercanía de Rodríguez con Rivera Navarro, a quien se describe como su aliada incondicional. Rivera Navarro, militante de Morena, fue arrestado el 5 de febrero por presuntas extorsiones a empresarios tequileros y cerveceros, secuestros y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la Fiscalía General de la República (FGR).
Actualmente, enfrenta prisión preventiva en el penal del Altiplano.En su primera declaración pública, Rodríguez defendió al exalcalde y aseguró que en el municipio no existe extorsión alguna, argumentando que el gobierno local opera con normalidad.
Esta afirmación ha invitado a la polémica, ya que contrasta con denuncias ciudadanas que motivaron el operativo federal, donde se acusa a Rivera Navarro de encabezar una red criminal desde el ayuntamiento.
Críticos, incluyendo analistas independientes y opositores, cuestionan si este relevo representa una continuidad de prácticas irregulares, especialmente ante antecedentes como un video viral de Rodríguez interpretando un narcocorrido vinculado al CJNG en una fiesta del año anterior.
Tales elementos sugieren, según ellos, una posible influencia del crimen organizado en la política local, erosionando la confianza en instituciones municipales.Desde otra perspectiva, simpatizantes de Morena y defensores del nombramiento argumentan que la designación asegura la continuidad administrativa en un contexto de crisis, evitando parálisis gubernamental. Subrayan que Rodríguez, como regidora, fue elegida democráticamente y que las acusaciones contra Rivera Navarro deben probarse en juicio, no prejuzgarse. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a investigar a todos los candidatos de cualquier partido, reconociendo la necesidad de transparencia en un panorama nacional marcado por infiltraciones criminales.
Esta postura federal busca mitigar daños partidistas, aunque genera debate sobre si Morena aplica estándares uniformes internamente.Críticamente, el caso expone vulnerabilidades en la gobernanza local: la rapidez del proceso y la ausencia de debate público alimentan sospechas de acuerdos cupulares, mientras que la negación de extorsiones por Rodríguez invita a contrastar con evidencias federales, como las denuncias que llevaron a detenciones de funcionarios adicionales.
Analistas como aquellos citados en medios independientes advierten que ignorar estas inconsistencias podría fomentar impunidad, polarizando el discurso público entre quienes ven victimización política y quienes demandan responsabilidad inmediata.
El antecedente de Rivera Navarro, señalado previamente por lujos incongruentes con su salario y clausuras controvertidas a empresas como José Cuervo, añade capas a la controversia.
En última instancia, este episodio en Tequila refleja tensiones más amplias en el sistema político mexicano, donde la proximidad entre poder local y crimen organizado pone en jaque la legitimidad institucional. Si persisten dudas sobre la autonomía de Rodríguez, podría escalar a un escándalo nacional, afectando elecciones futuras y la percepción de Morena como fuerza transformadora. Observadores recomiendan auditorías independientes para restaurar credibilidad, aunque la resistencia a tales medidas genera mayor polémica.
