En Estados Unidos, factores como el no dominio del inglés y el acento constituyen para los inmigrantes una de las barreras que les impide acceder a una vivienda digna; incrementado por el estatus migratorio y el color de piel, que influyen también a la hora de arrendar, comprar u obtener un crédito hipotecario, en contravía de Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohíbe este tipo de discriminaciones.
El abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., quien ha seguido de cerca la evolución legal y social de este tema, señaló que los datos son contundentes: “el bajo dominio del inglés determina si una familia inmigrante podrá obtener una casa propia o si quedará atrapada en el mercado de alquiler”.
Por su parte, la Revista de Economía de la Vivienda indicó que apenas el 49 % de estos inmigrantes son propietarios de vivienda, frente al 64 % de quienes hablan el idioma con fluidez. Esta diferencia de 15 puntos porcentuales se traduce en desigualdades en la compra de una casa, afectando su calidad de vida, con altos grados de hacinamiento y con menores condiciones habitacionales.
El no dominio del inglés, una de las barreras invisibles en el acceso a vivienda.
Quienes dominan el inglés con mayor fluidez tienen más facilidad de obtener un crédito hipotecario (76 % frente al 68 % de los de bajo nivel) y residen con mejor calidad, con más habitaciones por persona (0.20) y (0.42) dormitorios por persona. En contraste, los de bajo dominio enfrentan condiciones más precarias: 0.20 habitaciones y 0.42 dormitorios por persona, frente a 0.06 y 0.17 de quienes hablan inglés muy bien.
Los niños inmigrantes que tenían en promedio 7 años al ingresar al país alcanzan mayor competencia lingüística, que los de 13 años, quienes presentan más limitaciones tanto en el acceso laboral, al crédito y a la propiedad de vivienda. Al respecto, la comunidad hispana es la más afectada, al concentrar el 81 % de los inmigrantes con bajo dominio del inglés; incluso en términos de calidad, la brecha persiste: un 3 % de los de bajo inglés vive en viviendas de baja calidad, frente al 1 % que habla el idioma.
“Las diferencias en el dominio del inglés no solo reflejan un tema educativo, sino también migratorio. Llegar en la adolescencia implica enfrentar más barreras de integración, y esas limitaciones lingüísticas se convierten en obstáculos concretos al momento de acceder a empleo formal, crédito y vivienda digna. Por eso es clave entender que el idioma termina siendo un factor de desigualdad estructural para muchas familias inmigrantes”, explicó el abogado Quiroga.
Depósitos más altos y costos ocultos: la discriminación indirecta que persiste
En 2023, se registraron 1.693 denuncias por discriminación contra inmigrantes en la adquisición de vivienda, basadas en el origen o nacionalidad, lo que equivale al 4,96 % del total. Adicionalmente, se presentaron 27 quejas por estatus migratorio o ciudadanía, una cifra aparentemente baja que, según el abogado Quiroga, “no refleja la magnitud del problema debido al subregistro. Muchas familias no denuncian por miedo a represalias o a ser detectadas por las autoridades migratorias”. Esto explica por qué la discriminación indirecta, como la imposición de depósitos más altos, fiadores adicionales o costos por traducción de contratos, se mantiene como una práctica extendida.
En expedientes como “Reyes v. Waples Mobile Home Park” en Virginia en 2022, se determinó que la discriminación por el estatus migratorio legal para arrendar implicaba cobrar un recargo de 100 dólares adicionales al mes para quienes no pudieren probarlo. Más recientemente, sentencias en Chicago, California y Nueva Jersey evidenciaron cómo algunos arrendadores utilizan el miedo a la deportación o trámites diferenciados para excluir a inmigrantes y personas con DACA, mientras que en Florida la ley SB 264 restringe la compra de propiedades a extranjeros de ciertos países.
El marco legal de protección también es desigual. Mientras 41 estados y Washington D.C. han aprobado leyes locales que complementan la Ley de Vivienda Justa, otros 9 estados, entre ellos Texas, Arizona y Utah, donde los inmigrantes dependen únicamente de la cobertura federal mínima, y así, menos acceso a canales de denuncia y menos sanciones a abusos a nivel local.
Órdenes ejecutivas endurecen el acceso, pero persisten rutas de protección.
En las órdenes ejecutivas emitidas en 2025 por la administración, se eliminó la aplicación del principio de disparate impact, lo que afecta desproporcionadamente a inmigrantes y minorías. Otras restringieron subsidios de vivienda para indocumentados y eliminaron garantías de acceso igualitario en programas federales.
Sin embargo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dispone de la línea de atención gratuita 1-800-669-9777 y agencias estatales o locales ofrecen mecanismos de investigación. También a través de la página web de la Alianza Nacional para la Vivienda Justa se pueden formular denuncias.
“El marco legal es robusto, pero la efectividad depende de que los inmigrantes se sientan seguros para denunciar. Sin denuncias, los abusos permanecen invisibles y continúan repitiéndose”, enfatizó el abogado Quiroga. Y así, el “sueño americano” de tener una vivienda propia, lejos de ser universal, se transforma en una experiencia desigual, costosa y en muchos casos, atravesada por el miedo y la incertidumbre.
Para conocer la investigación completa, puedes hacer clic aquí.
Acerca de Quiroga Law Office, PLLC.
Somos una firma de abogados de inmigrantes para inmigrantes, que se crea para ayudar a las personas a alcanzar el sueño americano. Estamos ubicados en Kennewick, Spokane, Tacoma, Vancouver, Wenatchee, en Washington; Las Vegas, en Nevada, y Querétaro en México.
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